No dejes que la realidad estropee un titular, se suele decir -con cierta maledicencia- en la jerga periodística, sobre todo si el titular está cuadrado en forma y fondo. Pues bien, la Junta de Andalucía, que preside Susana Díaz, con igual astucia, ha hecho lo mismo pero con una sentencia, a propósito de ese hotel almeriense feísimo, el Algarrobico (en la imagen),  más conocido que la tomatina de Buñol, con perdón, aunque sólo sea por la cantidad de veces que ha salido en la tele y desde hace tantos años (casi diez).

Como a la Junta no le ha gustado un pelo la sentencia de finales de julio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se declara legal la licencia de la obra -polémica, lo saben de sobra, porque afea la costa del Parque Natural del Cabo de Gata Níjar-, ha decidido borrar de un plumazo la sentencia. ¿Cómo: inscribiendo los terrenos del hotel a nombre de dominio público, lo que supondrá demoler de una puñetera vez el hotel de Carboneras.

Es posible que ese engendro no debiera haberse construido nunca, como ha dicho el consejero andaluz de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. Pero de ahí a asegurar que hará "lo posible y lo imposible" para derribarlo va un trecho que deja en cuarentena otras veleidades como la seguridad jurídica o las verdaderas intenciones del Ejecutivo andaluz. ¡Hay tantas otras cosas que arreglar en esa esa comunidad por las que se debería hacer "lo posible y lo imposible"!

A Susana Díaz le ha irritado la sentencia y, en un guiño a la dictadura del ecologismo, ha decidido fulminarla
Habrá que esperar, además, a ver si se trata de una mera declaración de intenciones de Jiménez Barrios, por aquello del buen rollito que supone cualquier guiño a la dictadura del ecologismo, o de algo más. Queda bien decirlo y más en la presentación de un Mundial de Kitesurf en Tarifa (Cádiz). Mola.

Hay que recordar que la Junta ya compró en 2006 esos terrenos por 2,3 millones de euros con el fin de fulminar ese hotel de 20 plantas y 411 habitaciones y lo único que ha conseguido es darle publicidad y ponerlo en el disparadero. Y nos hemos cansado ya de verlo en televisión. Por cierto, los dueños del hotel deben tener un equipo jurídico que es precisamente el que necesitaría la Junta y, por ese camino, igual les sale más barato y no ponen en cuestión el Estado de Derecho. La cosa puede acabar, perdiendo también, en el Tribunal Supremo.

Mariano Tomas

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