El asunto puede pasar a la historia del Derecho mercantil. La Asamblea (Junta de Accionistas) de Aerolíneas Argentinas, prevista para el pasado viernes en Buenos Aires, no se celebró por la ausencia del convocante: el accionista mayoritario de la empresa, Interinvest, que posee un 98% de la empresa.

Interinvest es propiedad de Air Comet, que posee el 99% de su capital, y Air Comet es propiedad de Marsans (controlada por los empresarios españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz) en un 98%, mientras el 2% restante corresponde a Antonio Mata, primer ejecutivo de Aerolíneas. Al menos, eso declara el propio Pascual, aunque en el Registro Mercantil español, a 31 de diciembre de 2002, Pascual y Díaz, a través de Autobuses Urbanos del Sur y Trasportes Urbanos de Cercanías, poseían un 70% de Air Comet, por un 30% Mata, vía Segetur y Protubin. A los efectos, es lo mismo.

¿Por qué se produce tan sorprendente anulación de la Junta o Asamblea de Accionistas? Pues muy sencillo : el Estado argentino, propietario del 1,5% de la aerolínea de bandera de aquel país, se disponía a impugnar las cuentas de 2004, como impugnó las de 2002 y 2003.

Pero hay otra razón: en el orden del día figuraba la capitalización de los créditos subrogados por Air Comet y por Royal Romana Playa (propiedad de Antonio Mata y Ruiz Espejo), que se capitalizaban a nombre de Air Comet e Interinvest en su segunda y tercera cuota concursal. Esta aparente quisicosa jurídica resulta fundamental, pues entraría en contradicción con las declaraciones judiciales efectuadas por Ruiz Espejo -administrador único de Royal Romana Playa- quien aseveró, en su declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que dicha sociedad no había comprado ni subrogado crédito alguno a nombre de dicha sociedad.

En definitiva, si se aprobaba en la Asamblea la capitalización, estaríamos ante la prueba de que Ruiz Espejo, socio de Mata, mintió ante la juez española, y que la subrogación sí se habría producido. Esto es contrario a lo estipulado en el contrato de reprivatización de Aerolíneas, por el cual la SEPI, sociedad que comprometió 758 millones de dólares del erario público español para reflotar Aerolíneas, regaló la compañía a Marsans y le dio dinero para reflotarlo. Parte de ese dinero público español tenía como destino el pago de créditos de Aerolíneas a distintos acreedores, y no para que se los subrogaran Air Comet y Royal Romana Playa, quienes de esta forma perjudicaban a los acreedores y accionistas minoritarios con una quita concursal del 60%. En definitiva, estaríamos así ante la demostración del presunto delito de apropiación de fondos públicos españoles por parte de Air Comet, propiedad del grupo Marsans.

Por dicho concurso, la titular del Juzgado número 35 de Madrid ha citado a declarar como imputado a Antonio Mata, número uno de Aerolíneas Argentinas, el martes 24. Si no compareciera, como ya ha ocurrido en dos ocasiones, la acusación ha solicitado orden de detención contra Antonio Mata.