En el caso del presidente argentino, Néstor Kirchner, lo que se practica es populismo barato. Palo verbal a la gran empresa, al tiempo que se negocian subidas de tarifas y se propician enormes negocios financieros para unos bancos que fueron atrapados por el corralito. Kirchner tiene además la sombra de haber deslocalizado el dinero público de su provincia a un paraíso fiscal. Un gesto antipatriótico que hace muy difícil recuperar la confianza para los nacionales y extranjeros.
Aún así, el gobierno aguanta y la crisis de popularidad no se ha dejado sentir como habría sido esperable. Entre las patas del populismo "K" se encuentran paralelismos con la actuación del gobierno español: remover el pasado y acelerar la revolución. Y así, mientras el gobierno español trabaja en recuperar la memoria histórica levantando fosas, el Ejecutivo Kirchner ha levantado la Ley de Obediencia Civil que ponía punto final a los juicios sobre los crímenes de la dictadura. De nuevo el país patas arriba. No en vano, Kirchner y varios miembros de su gobierno han militado en el movimiento "montonero", una especie de comunismo a la argentina.
Con todo, el principal programa de Kirchner es darle la vuelta al país "para que no lo conozca ni la madre que lo parió". O sea, lo de "ampliar derechos", la forma con la que en España se ha vendido el "divorcio express" y el "matrimonio homosexual". Y curiosamente, para tal fin ha utilizado el mismo método que el utilizado por Carlos Menem: controlar la Corte Suprema. El nombramiento de la feminista montonera Carmen Argibay fue el primero de estos nombramientos de marcado carácter político. Pero no el único : tras Arbigay se han producido nuevos nombramientos, a pesar de que el puesto de Arbigay mereció el rechazo ciudadano, la crítica de la opinión pública. El gobierno tuvo que pasar por encima de 5.000 peticiones formales de rechazo, el mayor movimiento de participación ciudadano jamás registrado en Argentina.
Pues bien, la discutida Arbigay tendrá ahora que responder a la denuncia presentada por el militar retirado Norberto Jorge Casais, que acusa a la magistrada de la Corte Suprema de "apología del crimen" por sus declaraciones realizadas en un reportaje publicado el pasado fin de semana en el que se declaraba abiertamente a favor del aborto, de la legalización del "matrimonio homosexual" y de la marihuana. La denuncia del castrense tiene sentido porque el aborto es un delito en Argentina, un país que no sólo protege al no nacido en la misma Carta Magna, sino que fue el primer país en declarar el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer.
Además, Argentina -al igual que España- defiende en su Constitución el carácter heterosexual del matrimonio. En cuanto a la legalización de la marihuana, forma parte de la agenda progre, a pesar de que la ciencia ha demostrado sobradamente los daños para la salud que genera su consumo. El asunto no sería especialmente grave si se tratara de una ciudadana particular o de una feminista militante, o incluso de una montonera recalcitrante. Pero Carmen Argibay es -además de todo eso- miembro de la Corte Suprema, el organismo que supuestamente debe de encargarse de la defensa y tutela de la Constitución. ¿Cómo es posible que quien debe velar por la Constitución se dedique a agredirla públicamente?
Luis Losada Pescador
