La Ley Aído no sólo contempla el aborto como un derecho hasta la semana 14 de gestación. También tiene una parte educativa potente, según señalan desde el Ministerio de Igualdad. Esa parte potente consiste básicamente en la instrucción sexual desde los 11 años. Exactamente lo que se pretendía con EpC y que ha encontrado tanta oposición.
En este caso, la cosa se disfraza de cuestión de salud pública (como los jesuitas en la segunda república) y se nombran comisarios para que la impartan. La noticia ha despertado mucha inquietud entre los padres que desean una formación diferente para sus hijos. De hecho, las plataformas de objetores a EpC ya han lanzado un manifiesto de advertencia. También la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza se ha sumado a la preocupación. Así lo expresó su ex secretario general, P. Manuel de Castro, hace unos días. También el presidente de CONCAPA, Luis Carbonell, ha mostrado su inquietud por la presencia de comisarios políticos en la escuela.
Sin embargo, algunas organizaciones católicas han optado por sumarse al carro en luchar de combatirlo. Están planificando contenidos acordes al ideario cristiano para poder ofrecerlo en sus escuelas. De esta manera, sus hijos no se verán afectados por esta nueva andanada del Gobierno. El problema es que se mantiene un Guantánamo educativo difícilmente salvable.
