La lucha por el derecho a la objeción de conciencia continúa. Al menos en dos frentes. Por un lado, el juez de paz de la localidad madrileña de Pinto, Antonio Alonso, ha preferido dimitir de su cargo antes que casar homosexuales. Alonso ha sido objeto de una campaña de injurias por parte de los socialistas de la zona, en especial por parte del Ayuntamiento. Denuncia Alonso (entrevista con La Razón, domingo 8) que nunca quisieron hablar con él, porque no dejaron de convocar a los medios informativos para insultarle. Algunos medios, incluso le llamaron para contrastar la información, pero la verdad es que fueron pocos.
Otros jueces se han negado a elevar a matrimonio el inveterado -aunque, afortunadamente para la subsistencia de la raza muy minoritario- hábito de tomar por el ano, porque les parecerá, como quien dice, poco conveniente. Algunos alcaldes y concejales se han colocado en esa misma situación, pero ellos tienen otras posibilidades de evitar el papelón al que Trinidad Jiménez, sin ir más lejos, se ofrece con el entusiasmo que caracteriza a un buen socialista. E incuso seguimos sin saber por qué razón el genial alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón continúa sin matrimoniar a aquellos miembros de su partido que así se lo han solicitado. Una vergüenza, Alberto.
En cualquier caso, el Gobierno Zapatero ha demostrado una y otra vez que mientras algo no le haga perder votos, no cambia de rumbo. Es lo que se llama talante, por detrás y por delante, pero sobre todo por detrás. Por eso mismo, modificará el Estatut hasta aguarlo, pero no modificará el matrimonio gay: más de un millón de manifestantes no es suficiente para doblarle el pulso si la inmensa mayoría del universo mediático están con los la brown revolution.
Por tanto, parece lógico pedirle a los jueces y concejales algo más: que todos ellos expresen su oposición a esta ley majadera y que todos ellos exijan el derecho a la objeción de conciencia para no verse obligados a la chifladura de bendecir un matrimonio que no puede tener hijos, pero sí el virus del SIDA. Y si no, la dimisión, como ha hecho Alonso, al que han dejado, por el momento, más solo que la una. ¿Dónde están los jueces de prestigio que apoyen a Alonso y que manifiesten estar dispuestos a hacer lo mismo? Parecen muy calladitos.
Porque a Zapatero el dictamen del Consejo de Estado, el del Conejo General del Poder Judicial y el de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, le importan un pimiento. Siempre podrá decir que son organismos de derechas. Es la hora de los jueces. Si ahora se tragan su libertad de expresión y su derecho la objeción, mañana se tragarán cualquier cosa. Es, en verdad, la hora de los jueces. Por el momento, no están dando la talla ni de lejos. Con algunas excepciones, como de Antonio Alonso.
De otra forma, les puede pasar lo que les ocurrirá a los periodistas si se callan ante la censura y el amedrentamiento que pretende imponer Zapatero a la profesión. Los periodistas españoles deben elegir hoy entre la libertad o la seguridad de un salario fijo a fin de mes.
Es la hora de los jueces y de los periodistas. O libertad o seguridad en el trabajo. Al final, es una cuestión de coraje, y la verdad es que la cobardía parece haberse adueñado de los profesionales españoles y en particular de las conciencias cristianas. Actuamos como aquel pío cristiano, que compró el puticlub del pueblo porque, de esta forma, podría cerrarlo en domingos y fiestas de guardar. Y es que a cualquiera puede permitírsele que rehúse las heroicidades, pero lo que no se le puede permitir es que se calle. En la sociedad de la información, el que calla otorga.
Eulogio López
