No ha habido acuerdo en el diálogo social. La reunión terminó cerca de las 6 de la mañana de este jueves. La situación es la siguiente: los sindicatos saben tras la huelga de funcionarios que tienen dificultades de movilización, que una huelga general podría ser su ruina definitiva. También saben que la reforma vendrá sí o sí y que si se pacta será más fácil venderla y podrán arañar algo. Los empresarios están tranquilos porque saben que el Gobierno está forzado a hacer una reforma dura. El consejo del 16 se produce al día siguiente del Ecofin. El margen del Gobierno es más bien escaso. Así que no están dispuestos a transigir. Pero tampoco pueden tensar la cuerda demasiado. De momento, el patron de patrones ya ha afirmado que los sindicatos no quieren ver el cambio profundo que necesita nuestra economía.
Además, Díaz Ferrán se encuentra en una posición muy incómoda porque depende de su junta de Gobierno para decidir. Los empresarios le quieren atar en corto para que no se desmadre con un acuerdo de mínimos a cambio de una contraparte personal. De momento, ya hemos informado que su relación personal con Rajoy es más bien fría.
¿En qué cede el Gobierno? El Ejecutivo está dispuesto a subvencionar con cargo al Fondo de Garantía Salarial 8 días en caso de despido. Da igual si el contrato es de 20, 33 ó 45 días. Da igual que sea procedente o improcedente. Es la universalización del modelo existente actualmente para las pymes de menos de 25 trabajadores.
Más. El Gobierno también se ofrece a sufragar los EREs temporales. Es decir, a cubrir con paro el recorte de horario, antes de despedir. Llamado modelo alemán. La única incógnita es cómo se paga eso en un momento de crisis de las cuentas públicas. Pero obviamente, aquí hay acuerdo entre empresarios y sindicatos.
Además, el Gobierno pretende frenar la temporalidad. Se elevará el despido de los 8 días actuales a los 12. Y se topará en 2 años el contrato por obra o servicio, actualmente sin límite. Los empresarios preferirían la flexibilidad actual, pero tampoco se quejan.
Los puntos de conflicto son la definición de las causas objetivas de despido y las cláusulas de descuelgue en los convenios colectivos. En el primero, los empresarios aspiran no sólo a que se definan las causas, sino que se amplíen a dificultades financieras. El Gobierno no quiere ampliar, pero sí definir, recortando el margen de interpretación de los jueces. De esta manera se evita la anomalía de que sólo el 20% de los despidos del año pasado sean motivados por causa objetiva.
En cuanto a las cláusulas de descuelgue, el Gobierno pretende establecer un sistema por el que el empresario pueda descolgarse del convenio sin necesidad de acuerdo con los trabajadores, pero con el visto bueno de un laudo arbitral. Aquí también hay un choque porque los empresarios quieren libertad total cuando la empresa tiene dificultades y los sindicatos no quieren perder el inmenso poder que justifica su existencia: la negociaron colectiva; es decir, capacidad legislativa consolidable. Este es el punto clave. Si los sindicatos se ponen farrucos, el Gobierno puede tirar por la calle de en medio. El discurso del Gobierno es: son lentejas, podéis salvar los muebles, pero antes nos tenéis que regalar la foto. Por su parte, los empresarios, como el PP; mantienen una estrategia de esperar y ver, en la certeza de que el tiempo juega a su favor. O no. Esto son las 7 y media. Conviene acercarse. Pero es nefasto pasarse de listo.
Estas son las cartas. Ahora los agentes sociales esperan a que el Gobierno les facilite este viernes el documento para debatirlo con el Ejecutivo de manera separada tras el Consejo de Ministros. En paralelo, Corbacho ya ha empezado a sondear a los grupos parlamentarios. Cuenta con el presunto apoyo de CiU que ya ha advertido que no se abstendrá: o votará favorablemente o negativamente. Por lo demás, negocia con PNV, CC y ERC. Al PP ni agua. Sabe lo que tiene que saber, dice Zapatero. O sea, nada. ¡Toma lealtad y sentido de Estado!
Andrés Velázquez
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