Pese a ello, el consejero de Obras Públicas de Montilla, el socialista Joaquín Nadal, no hace ni caso y, además, asciende a la funcionaria condenada y paga a sus abogados.
Es la primera sentencia por acoso laboral -mobbing-, en la que resulta condenada una Administración pública, en este caso la Generalitat catalana. Y ya es firme, en cuanto la Audiencia Provincial de Lérida ha ratificado lo dictado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de la capital ilerdense.
Se enjuiciaba a Teresa Casals, jefa de servicio de la Consejería de Obras públicas (que dirige el socialista Joaquín Nadal) por acoso laboral a la funcionaria Begoña Solé. La sentencia, ahora ratificada en todos sus pronunciamientos, establece una cantidad de 8,782 euros de indemnización y hace responsable de la Generalitat: Ha quedado acreditada en autos la perpetración de la falta de coacciones subjetivamente dotada de un elemento intencional y voluntario -el dolo-. la señora Casals desarrolló un comportamiento voluntario, querido e intencional- (es decir doloso) tendente precisamente a que la señora Solé hiciese lo que no estaba obligada a hacer, compeliéndole a realizar lo que ella no quería, pretendiendo con ello causar desasosiego conminarla al desempeño de su labor en condiciones que lesionaban su dignidad de su función laboral, generando en la perjudicada una situación psicológica delicada pues desarrollo un trastorno de adaptación requiriendo tratamiento médico adecuado a dicho trastorno directamente relacionado con la conducta de la apelante.
En suma, por primera vez, una administración pública es condenada en España por mobbing y esa Administración es la Generalitat catalana. Y Joaquín Nadal ha hecho todo lo posible por presindir de tal galardón. Por ejemplo, la Generalitat ha corrido con los gastos de defensa de Casals, que no han servido para muchos, y para ello ha contraído a uno de los mejores bufetes de Barcelona, el de Cristóbal Matell. Dichos gastos se han justificado porque la causa ponía en peligro el buen nombre de la Generalitat.
Al parecer, a la justicia el buen nombre del organismo público no le parece razón suficiente para dejar impune la cuestión.
No sólo eso. El mayor desprecio del conseller Nadal a la justicia es que, tras conocerse la sentencia, aún no firme, del Juzgado, no se le abrió expediente disciplinario alguno. Por contra, fue premiada con un ascenso. Su jefe inmediato, Jordi Benet, que según la sentencia amparó y fomentó el acoso, y cuya dimisión había sido solicitada por el sindicato UGT, tampoco se le ha abierto expediente alguno. Por cierto, Benet ha sido director del Servicio de Carreteras de la Generalitat en Lérida durante años, al tiempo que era fundador y propietario (tras surgir el escándalo traspasó sus acciones a su hermana) de la empresa Projectec, agraciada reiteradamente con contratos por el propio servicio que dirigía. En definitiva, el poder colabora con un condenado, en contra de la parte más débil, ahora declarada inocente. Pero, a pesar de ello, algo ha cambiado, porque esta sentencia sienta jurisprudencia en materia de acoso laboral en España.
