Si en la mañana del miércoles se conocía que 150 notarías van a coordinar la demanda colectiva por el caos aéreo que se produjo en España en el puente de la Inmaculada, a mediodía se ha sabido que la fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra 175 de los controladores de las torres de la capital. En ella se les acusa de un presunto delito de sedición.
Los controladores hasta ahora no han prestado ningún tipo de declaración ante la fiscalía y no piensan hacerlo hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.
Las penas previstas para los delitos de sedición están castigadas con penas de entre ocho y 10 años de cárcel y la inhabilitación por el mismo periodo de tiempo, en caso de ser los instigadores de ese delito, aunque sea la mitad si los imputados no son los instigadores.
Andrés Velázquez
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