Hasta ahora, la colaboración del organismo público había sido la principal coartada de Marsans frente a las imputaciones de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal.
Tras esta decisión el caso da un vuelco: el Juzgado 35 de Madrid retoma la instrucción e imputaría a tres directores generales de la SEPI, entre ellos, el firmante del contrato, Juan Gurbindo Gutierres, junto a Pablo Garolera Masso (vicepresidente) y al director Juan Masso Garolera.
La privatización de Aerolíneas Argentinas (ARSA), o mejor, el regalo de la compañía por parte del Gobierno Aznar a la empresa Marsans, con un obsequio añadido de 758 millones de dólares, ha dado un vuelco tras recibirse en el Juzgado número 35 de Madrid, el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se pide que se impute a tres directores de la Sociedad Estatal de participaciones Industriales (SEPI), el organismo a través del cual se vehiculó el regalo de ARSA a Gerardo Díaz Ferrán, hoy presidente de la CEOE; y su socio, Gonzalo Pascual.
Los dos empresarios están acusados de desvío de fondos públicos (los que les dio la SEPI para reflotar Aerolíneas, además de la compañía, vendida por una peseta), delito fiscal (con un informe pericial de la propia Agencia Tributaria donde concluye que Ferrán y Pascual defraudaron en esta operación 100 millones de euros a la Hacienda pública) y estafa procesal.
Hasta el momento, la actitud de la SEPI, remisa a proporcionar información sobre el contrato de venta -más bien regalo- de ARSA, había constituido la principal defensa alegada por quien hoy preside la patronal CEOE y por el presidente de Marsans, Gonzalo Pascual, antes presidente de Spanair. Tan remisa, que el Juzgado remitió las gravísimas acusaciones contra Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a la Fiscalía anticorrupción y ésta ha decidido que se cite a tres directores de la SEPI en calidad de imputados. Entre ellos, el más relevante es Juan Gurbindo, el hombre clave en el contrato de venta firmado en tiempos del PP. Era lo que solicitaba el letrado de la acusación particular, Rafael Caro Moya, y la Fiscalía lo ha considerado de lo más pertinente.
Es de destacar que, además, el fiscal, respecto a la solicitud efectuada por el abogado Rafael Caro Moya sobre la competencia de la Audiencia Nacional en el caso, considera que el proceso Aerolíneas puede resultar una gravísima defraudación que incluso pudiera producir una grave repercusión en la economía española, por lo que lo más aconsejable sería continuar con las actuaciones ante un Juzgado Central de Instrucción. Tanta es la importancia que el fiscal otorga al caso ARSA.
Ramón Hermosilla, el abogado imputado en el caso de la Carta Falsa (paralelo al Caso Urbanor, donde actúa como defensor de los Albertos) siempre ha mantenido la tesis de que la inocencia de los dos empresarios se sustanciaba en la actitud escasamente colaboradora del pagano -que pagaba con dinero público, se entiende-: la SEPI. Pues bien, el fiscal anticorrupción considera ahora que la SEPI es sospechosa de connivencia en el presunto delito. Y no es el único. Por lo demás, la decisión del fiscal reanuda la instrucción del caso Aerolíneas Argentinas justo en el momento en que el Gobierno argentino pretende expulsar a Marsans, que ha convertido el tráfico aéreo en el país austral en un verdadero caos.
