- El hombre de confianza de Zapatero se enfrenta a una posible pena de entre 2 y seis años de prisión.
- Y mientras, en Andalucía, la jueza Alaya pisa el acelerador en el caso Mercasevilla e imputa finalmente a dos hermanos de Fátima Báñez.
- Este lunes cometió un error y Alaya imputó al padre de la ministra, fallecido hace doce años.
- El progenitor de la titular de la cartera de Empleo era, como sus hijos, consejero delegado de una de las empresas que optó a la compra de los terrenos de Mercasevilla, que investiga la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
- Otras cinco personas han sido imputadas y citadas a declarar el próximo viernes 14, por la jueza Alaya, entre ellas la marquesa viuda de Paul, Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Sociedad Azucarera Larios.
José Ramón Soriano, el juez que instruye en el Supremo el Caso Campeón ha formalizado finalmente la petición de suplicatorio para José Blanco, ministro de Fomento y portavoz de Gobierno con Zapatero (en la imagen).
La decisión del juez supone un duro golpe para el PSOE y para Rubalcaba, que ponía la mano en el fuego por la honradez de su compañero de filas durante la campaña electoral a las últimas elecciones. Por el delito investigado, de tráfico de influencias, Blanco podría enfrentarse a una pena que oscilaría entre 6 meses y dos años de prisión.
Los hechos que se juzgan son la fuerte presión que supuestamente ejerció José Blanco a favor de su amigo José Antonio Orozco sobre el alcalde de Sant Boi, para que este le otorgara una licencia para construir una nave cerca del aeropuerto barcelonés de El Prat.
Según el auto de instrucción del suplicatorio, José Blanco "intervino notoriamente", y "los cargos que a la sazón ostentaba el imputado y la elección del mandatario adecuado" supusieron una fuerte presión para el alcalde a la hora de decidir".
Como se recordará, el 7 de noviembre de 2011, el secretario del PSC, José Zaragoza, pidió explicaciones a Blanco sobre los supuestos favores que hizo a José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, y las gestiones ante el alcalde de San Boi de Llobregat, Jaume Bosch, también del PSC, a través del secretario de Estado de Transportes y miembro del PSC, Isaías Táboas.
El objetivo era evitar los obstáculos que un técnico municipal estaba poniendo a la licencia medioambiental que precisaba la empresa Azkar para construir una nave logística cercana al aeropuerto de El Prat.
En el procedimiento de la Operación Campeón también se tomó declaración dos meses antes al empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, quien acusaba a Blanco de haber aceptado un soborno de 400.000 euros en la gasolinera de Guitiriz destinados a acelerar los trámites de unos permisos del Ministerio de Sanidad.
Y dos hermanos de la ministra Fátima Báñez, imputados
La jueza Alaya, que tramita también el caso de los ERES falsos, ha corregido el error cometido este lunes, cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, fallecido hace 12 años y padre de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Juan Nicolás y Eduardo Báñez García están vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles, una de las que presentó una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos de Mercasevilla. La magitrada investiga las supuestas irregularidades que se llevaron a cabo en el concurso promovido enajenar dichos suelos.
El error de la jueza copó las tertulias de diversas cadenas de televisión y fue muy comentado en la red. Mercedes Alaya había citado a declarar al progenitor de la ministra, Eduardo Báñez González, fallecido hace ya doce años "en calidad de consejero delegado de construcciones Juan de Robles", el mismo cargo que ahora ocupan sus hijos.
En el registro mercantil no constaba como que hubiera fallecido. Su propio hijo, Eduardo, que lleva el mismo nombre, lamentó el error el pasado martes, y ofreció su colaboración a la justicia. Un día después ha sido imputado.
La jueza ha citado a declarar a también como imputados a Ignacio Bayón Marine, presidente del Consejo de Administración de Realia Bussiness, José Romero González, presidente del Consejo de Administración de Prasa, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, marquesa viuda de Paul, presidenta y consejera delegada del Consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios, una de las empresas con más solera en Andalucía; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar, empresa ya disuelta, y su hijo, Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, la persona que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
