Las espadas están en alto. La Ley Orgánica de Educación aprobada en el último consejo de ministros de julio ha levantado ampollas en la comunidad educativa. El rodillo se ha aplicado sin piedad. No se han escuchado las peticiones de 3 millones de padres recogidas a través de la CONCAPA. Ni siquiera se ha escuchado a los profesores de religión. Es el resultado es una ley laicista, estatalista y que no goza del necesario consenso.

La ministra Sansegundo ha conseguido despertar los recelos de toda la comunidad educativa. Los profesores siguen sin tener herramientas para poder educar, se abandona la cultura del esfuerzo y la referencia a la mejora de la calidad. Las CCAA están que echan las muelas porque el ministerio les impone determinadas obligaciones, pero no les da presupuesto para poder cumplirlas.

Los profesores de religión se encuentran molestos porque después de tantos años habían conseguido que su pagador fuese la consejería de Educación y ahora esa situación regresa al origen: serán los obispados los encargados no sólo de reclutar a los profesores, sino también de pagarlos. Su situación laboral permanece en el "limbo" con la amenaza de que Bruselas impugne esta permanente prórroga de temporalidad.

La asignatura de Religión queda colgada en un "sí, pero no". Existe, pero no es curricular. Es decir, será una "maría". El objetivo, reconocido por los diputados socialistas es que la religión pase de ser demandada por el 80% de los padres a un 10%.

Con todo, lo peor es la merma de la libertad educativa consagrada en la Constitución. La Ley propone ampliar las plazas en los centros públicos y tan sólo menciona la "posibilidad" de establecer convenios colectivos. Por supuesto, la educación concertada no va a desaparecer por la sencilla razón de que es sustancialmente más barata que la pública. Pero los centros de iniciativa social subsistirán con la permanente espada de Damocles de la administración sobre sus espaldas.

Conviene recordar que los centros concertados, además de ser más baratos, obtienen mejor resultado académico de sus alumnos y son más demandados por la sociedad. La obsesión gubernamental con su asfixia sólo se entiende en el odio y animadversión a las congregaciones religiosas que rigen la mayoría de los centros. "No queremos financiar el negocio educativo de los curas", señalaba sin reparos una destacada dirigente socialista andaluza.

Así las cosas, la comunidad educativa se prepara para un otoño caliente. La próxima semana se reunirán representantes de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), la Confederación Española de Centros de enseñanza (CECE), la Confederación de Estudiantes (CES), la Coalición Democrática de Estudiantes (CODE), Educación y Gestión (EyG), la Federación Española de Religioso de Enseñanza-Centros Católicos (FERE-CECA), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Unión Sindical Obrera (USO), CONCAPA y COFAPA. El objetivo es fijar un calendario de actividades, manifestaciones y protestas. La fecha más probable será octubre.

La manifestación contará también con el apoyo probable del PP y el prácticamente descontado de la Iglesia. Además, las plataformas catalanas E-cristians y "Dret a escullir" (derecho a escoger) han anunciado su voluntad de secundar la marcha. Pretenden reeditar el éxito de la convocatoria del 18-J. Y es que, siguiendo la "filosofía" Zapatero, "no se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos".

Luis Losada Pescador