La burocracia, la falta de medios y el retraso interesado en los juzgados sitúan a los afectados en un bucle perverso

En la edición del pasado miércoles, Hispanidad publicaba los datos de una inmensa paradoja. A pesar de que el número de acreedores disminuyó un 27,1% en 2012, el número de españoles que habían cobrado del Fondo de Garantía Salarial en los tres primeros meses del año ha disminuido un 14,8%.

Este jueves traemos a nuestra web un caso real, el de un afectado, como otros muchos, que señala que el artículo se había quedado incluso corto en sus afirmaciones. Él lleva cerca de tres años sin cobrar y denuncia la perversidad  de un sistema que afecta a la parte más débil.

La sentencia a favor del trabajador suele llegar rápida, pero para que entre el Fogasa, hay que intentar con anterioridad que la otra parte pague con todos los medios al alcance del afectado.

Si aún así la empresa no paga, se tiene que dictar la insolvencia de la empresa y la imposibilidad de cobro, y es cuando el asunto ya pasa al Fogasa. Y es en esta fase en la que el sistema está fallando. Los juzgados no están dictando esa insolvencia y dejan pasar tiempo y más tiempo, afirman los afectados, hasta que llegue el inevitable concurso de acreedores, que como señala el lector de Hispanidad, puede durar dos años y "mientras tanto, la gente ya ha encontrado otro trabajo o se ha ahorcado…eso si no prescriben los casos o directamente se olvidan".

En el caso de la persona que nos ocupa tuvo lugar un juicio,  y  el afectado ganó las dos sentencias de forma inapelable contra la empresa que no le pagaba. La otra parte no contestó ni mostró intención alguna de abonar la deuda.

Se inicia el proceso ejecutivo, pero como la empresa no disponía de dinero no se recaudó nada. El abogado de nuestro lector pide que se declare la insolvencia de la compañía para solicitar la actuación del Fogasa, pero el juzgado dicta más órdenes de embargo, a sabiendas de que no hay nada que embargar. La declaración de insolvencia tarda dos años en llegar bajo el argumento usual y manido de "no hay personal en los juzgados".

Una vez que se procede al concurso, hay que esperar aún mucho más. El asunto se ralentiza: "se trata de un bucle perverso, una pescadilla que se muerde la cola". El juzgado ya no dicta la imposibilidad de cobro porque hay concurso y, a pesar de que no ha podido embargar nada, remite al probable proceso de liquidación de la compañía.

Los acontecimientos colocan  a nuestro afectado en la fila de acreedores, pero alejando la posibilidad de cobrar del Fogasa. A empezar de nuevo de cero, con un periodo de tiempo sine die. Nuestro lector, como otros muchos, lleva ya cerca de tres años en esta situación. Una situación dramática que comparten miles de españoles. El retraso alcanza hasta tres años en los casos de cierres de empresas, casos de insolvencia y concursos de acreedores. La enorme carga de trabajo de los trabajadores del Fogasa desde el inicio de la crisis, un asunto sospechoso, resta celeridad al proceso.

No es de extrañar que los afectados consideren que desde alguna instancia se ha dado orden de no enviar más pagos al Fogasa o, en el mejor de los casos, retenerlos lo más posible, y, también, no dotar de más medios al organismo para que no pueda desempeñar su trabajo con celeridad.

Andres Velázquez
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