El jueves 24 de agosto, la Controlaría General de la República (Intervención General) ha exigido la anulación del contrato de Fenosa por entender que la compañía española ha incumplido sus obligaciones contractuales sin existir causa justificativa. La Contraloría considera que Fenosa ha actuado con negligencia, con unas pérdidas de distribución del 30%, el doble de lo que el INE permite trasladar a tarifa. Por otra parte, una auditoría realizada por el Instituto Nacional de la Energía en 2005 detectó que el 63% de las inversiones netas reportadas por Unión Fenosa no estaban suficientemente documentadas. El informe de la Controlaría ha pasado a la Procuraduría (Fiscalía General del Estado) quien deberá de iniciar un procedimiento de juicio civil para resolver si el contrato queda nulo. Parece que todo se precipita porque como se recordará- el presidente Enrique Bolaños se había mostrado contrario a rescindir el contrato por el que la española Unión Fenosa presta servicio en Nicaragua. Bolaños considera que la rescisión del contrato agravaría la crisis energética que vive el país.
Y es que el problema de fondo como ya hemos informado- es que las tasas de mora se encuentran cercanas al 40% porque muchos estratos sociales no pueden pagar y no tienen cultura de pagar por la electricidad. Y una empresa privada no puede prescindir de un 40% de sus ingresos porque ni es una ONG ni administración pública.
La seguridad jurídica resulta además discutible cuando un país se plantea rescindir un contrato de concesión seis años después de otorgársele tras todos los problemas referidos. Fenosa llama desesperadamente a Exteriores para tratar de buscar un enlace político que intervengan la trifulca. Pero mucho nos tememos que Moratinos pinta ya más bien poco y que será Estados Unidos quien termine de intervenir. Y, ¿se acuerdan del mal gesto de no levantarse al paso de la bandera americana y de la retirada de las tropas? Los americanos cobran la venganza en plato frío y con IVA.
