El artículo 41 del Tratado Constitucional contempla que "la Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional". El Centro de Estudios Jurídicos Tomas Moro ha presentado en la mañana del jueves 13 una denuncia ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central.  

Ningún famoso ni famosillo leerá el artículo 41 del Tratado Constitucional que los españoles estamos llamados a votar el próximo 20 de febrero. Y es que el citado artículo establece que la Unión Europea se dotará de una capacidad operativa en seguridad basada en medios civiles y militares. El mismo precepto añade que "los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares". ¿Están los españoles conformes con incrementar las partidas presupuestarias destinadas a Defensa? Más bien parece que no. Zapatero ha vendido a los cuatro vientos que el I D de este ejercicio será un I D civil frente al militar que "escondía" el anterior Gobierno. ¿Conocen los españoles este artículo? Más bien parece que tampoco. La mayoría de los ciudadanos afirman desconocer el contenido de la mal llamada Constitución Europea. Y es que aunque se reparta con los periódicos, todavía hay millones de españoles llamados a referéndum que no han podido tener acceso al texto. ¡Toma transparencia! 

Pero lo más sorprendente es que el artículo 41 contempla que " la Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional". Es decir, que el Tratado Constitucional defiende la guerra preventiva, que provocó multitudinarias manifestaciones de la izquierda española, incluido Zapatero. ¿Qué va a hacer ahora el presidente del Ejecutivo? Nadar y guardar la ropa es difícil. Máxime cuando desde IU se utilizará este argumento para desmarcarse del Gobierno y movilizar a las masas. 

"Sorprende que un Gobierno que ha modificado la Ley para que cualquier intervención militar en el exterior tenga que contar con la previa aprobación de las Cortes Españolas, oculte en la campaña de difusión que si la Unión Europea decide emprender acciones militares en el marco de la política común de seguridad y defensa, España tenga que participar. Y ello, con o sin autorización de las Cortes y con o sin el respaldo de los españoles, señala el abogado del Centro de Estudios Jurídicos Tomas Moro, Javier Pérez Roldán

Pero la denuncia presentada se fundamenta en la violación de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral, así como en la Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum, en cuanto induce a votar afirmativamente el texto propuesto sin mantener la exigida neutralidad institucional. En efecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pidió al PP la movilización "a favor de la Constitución Europea". Además, la campaña publicitaria resulta tendenciosa porque la lectura de los artículos del Tratado por parte de personajes famosos, hace que estos actúen como prescriptores del "producto". Nadie ofrece su imagen para algo de lo que disiente. Además, se escogen los artículos que pueden resultar más populares obviando otros, como el citado 41, que podrían generar rechazo social. 

Por otra parte, los denunciantes consideran que el lema institucional escogido, "Los primeros en Europa", es una elipsis que, en realidad, quiere decir: "Los primeros en aprobar la Constitución Europea". La denuncia también critica que el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Alberto Navarro, quisiera implicar a la Generalitat en la campaña, cuando la responsabilidad de la campaña institucional es exclusivamente del Estado.  

Por todo ello, el Centro de Estudios Jurídicos Tomas Moro concluye que se ha producido una violación de lo previsto en la legislación sobre referendos, que conmina al Gobierno a "informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores". La misma ley establece que ninguna persona jurídica distinta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores "podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de elecciones".

Todo este proceso político es paralelo a la progresiva creación en Europa de un complejo militar industrial que pretende competir con el norteamericano. La sección militar del grupo EADS es la punta de lanza de este complejo militar europeo, que pretende disputar a los norteamericanos el mercado armamentístico mundial. Reino Unido, Alemania y, sobre todo, Francia son los protagonistas y beneficiarios de todo el entramado. Y cuando uno tiene un complejo militar industrial, necesita clientes donde colocar sus productos, sea con guerras declaradas o con guerras preventivas.