Sr. Director:
¿Recuerdan? La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado sobre una supuesta malversación de fondos públicos del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ofrece una muestra más de la desconfianza que suscitan las instituciones judiciales como consecuencia de su fragmentación ideológica.
El denunciante, José Manuel Gómez Benítez, es un prestigioso jurista, pero al mismo tiempo está considerado como el hombre de Rubalcaba en el órgano de gobierno de los jueces además de haber sido abogado del ex juez Garzón, inhabilitado por el Consejo, y un íntimo colaborador del anterior presidente Rodríguez Zapatero en la etapa de negociación con ETA. Estos antecedentes, en principio, nada tendrían que ver con la denuncia si se revela ajustada a Derecho y responde a una verdad objetiva, por ínfima que haya sido la cantidad objeto del caso.
Pero el hecho de que se haya tramitado fuera de las normas establecidas por el Consejo, en cuyo seno debieron exponerse las sospechas del denunciante antes de hacerlas públicas, deja abierto el campo a las especulaciones y ha dañado ya la imagen del órgano judicial así como el prestigio de su presidente, hubo de dimitir, que hasta entonces estaba fuera de sospecha por su reconocida integridad moral. A los políticos les corresponde plantearse la urgente necesidad de arbitrar medidas para dejar bien sentado que la Justicia y las pugnas ideológicas son incompatibles en una sociedad avanzada.
José Morales Martín
