La sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu, el nuevo brazo político de ETA, abre en canal el viejo y frustrante debate sobre la independencia de la Justicia frente al poder político como esencia del Estado de Derecho.

Resulta más que evidente que los seis magistrados que votaron a favor de esa legalización, mientras otros cinco votaban en contra, han seguido al pie de la letra la "hoja de ruta" marcada por el anterior Gobierno socialista en su negociación con ETA, y ello en contra de una anterior decisión del Tribunal Supremo. Justicia enfrentada, justicia dividida, justicia politizada, y en definitiva, justicia fracasada… A veces pienso si no tendría razón aquel alcalde jerezano cuando aseveraba que "En este país la justicia...". Cierto que el Constitucional es la última instancia a la que se puede recurrir en caso de atropello de algún derecho. Pero ¿quién puede fiarse de la rectitud de una sentencia que se inspira no en el respeto estricto a la Constitución, sino en la voluntad de quien ya decidió burlarla conscientemente para su beneficio político?







Xus D Madrid