- El Estado seguirá pagando intereses por el rescate de NCG
- El Gobierno cubrirá pérdidas de NCG por 200 millones
- Banco Popular regresa al dividendo con el visto bueno del Banco de España
- Aguirre colocó a políticos afines en la principal filial de Caja Madrid
- El juez Silva advierte que "han ordenado" no investigar la compra del City de Florida por parte de Miguel Blesa
- Empleo limitará los sueldos a las cúpulas de las mutuas laborales
- El Gobierno quiere crear sicav de clases medias para fomentar el ahorro
- UGT guardó una copia de sus archivos en una notaría días antes del registro
- La trama de las ITV realizó pagos desde paraísos scales para mediar con la Generalitat
- La 'ley Wert'  impondrá una  Historia de  España igual  en todas las autonomías
Empezamos en Europa, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea respaldaron ayer el acuerdo para la creación de un mecanismo de resolución bancaria, que contará con una autoridad que decidirá sobre las quiebras de entidades y con un fondo para hacer frente a la liquidación de bancos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se declaró "satisfecho" por los avances que, aseguró, "transmiten mucha confianza" y serán positivos para la economía. "Hay una situación diferente para los bancos y habrá una supervisión a nivel europeo del Banco Central Europeo. Habrá un fondo europeo en caso de problemas", explicó. "Creo que esto es más Europa, más confianza y bueno para la economía", agregó.

Pero la noticia del día es que la subasta de energía eléctrica celebrada ayer para fijar la parte liberalizada del recibo de la luz se saldó con una subida cercana al 11% en la tarifa que pagan casi veinte millones de usuarios domésticos. El Gobierno anunció que tratará de anular la subasta y pedirá a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que investigue a las compañías eléctricas por "manipulación". El ministro de Industria, José Manuel Soria, tildó de "inaceptable" el incremento de la puja, que fue del 26%, y anunció que su departamento está valorando qué "modificaciones" se introducirán en la subasta para que sea "más transparente y competitiva y que no pueda dar margen a ninguna manipulación". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió ante las preguntas de los periodistas tras el Consejo Europeo de Bruselas: "Vamos a intentar arreglarlo".

En lo que respecta a la corrupción en este país, la juez Mercedes Alaya volvió ayer a señalar como preimputados en el caso de los ERE fraudulentos a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En un auto, la juez responde a otro de la Audiencia de Sevilla del pasado 13 de diciembre que le requería a que motivara su auto del pasado 10 de septiembre en el que preimputó a los expresidentes y a los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila, todos ellos aforados. Alaya les acusa de conocer las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno andaluz sobre las irregularidades en el sistema de financiación para pagar prejubilaciones y subvenciones a empresas en crisis.

Además, el juez Pablo Ruz envió ayer a la sede del PP a la Policía para recabar toda la documentación en papel y en soporte informático relacionada con las obras de reforma del edificio que se realizaron entre 2005 y 2011. El magistrado tomó esta decisión después de que, a través de la Fiscalía Anticorrupción, tuviera conocimiento de que el PP poseía información que aún no había facilitado al juzgado, pese a los requerimientos efectuados. Los agentes acudieron al edificio de la calle Génova acompañados por un secretario judicial.

Así las cosas, además de las pérdidas para el contribuyente de 8.000 millones de euros que ha dejado la venta de NCGBanco (Novagalicia), las arcas públicas tendrán que seguir soportando durante otros 14 años el pago de los intereses de la parte del préstamo de Bruselas que el Estado utilizó para sanear la entidad. El déficit público, que tanto esfuerzo está costando controlar, también se resentirá por la operación, ya que todavía no había registrado todo el impacto de la pérdida de valor del banco, según reconocieron ayer fuentes del Frob (Fondo Rescate Ordenado Bancario), informa El Mundo.

El Gobierno cubrirá pérdidas de NCG por 200 millones, asegura Expansión. Y en Cinco Días, Juan Carlos Escotet (presidente de Banesco), dice: "Recuperaremos la inversión en Novagalicia en cuatro años".

Banco Popular regresa al dividendo con el visto bueno del Banco de España, dice Expansión.

La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y otros dirigentes del PP forzaron en 2008 la entrada de políticos afines en la corporación financiera Cibeles, según los correos del presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Pese a que la CNMV consideró "impresentable" la propuesta, entraron el exministro Ángel Acebes y una cuñada del número dos de Aguirre, publica El País. 

El juez Silva advierte que "han ordenado" no investigar la compra del City de Florida por parte de Miguel Blesa, apunta El Economista.

Empleo limitará los sueldos a las cúpulas de las mutuas laborales, según El Economista.  

El Gobierno quiere crear sicav de clases medias para fomentar el ahorro, apunta Expansión.

Uno de los datos que ha obtenido la Guardia Civil, gracias a lo manifestado por los dirigentes de UGT, es que, hace algunos días, depositaron, en un notario de Sevilla, una copia del servidor central del sindicato, según informaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso. La Benemérita, según las citadas fuentes, va a proponer a la jueza Alaya que dicte el correspondiente mandamiento para realizar una copia propia de la que hizo UGT. Esta diligencia se considera fundamental para los investigadores, ya que va a ser complementaria del clonado realizado in situ, en la sede de UGT Andalucía, del servidor central.  

La trama de las ITV realizó pagos desde paraísos scales para mediar con la Generalitat. El empresario Ricard Puignou, implicado en el «caso de las ITV», «contrató» a Juan Martí Arjona para que, «supuestamente, influyera en diversos sujetos con puestos claves en el Departamento de Industria de la Generalitat», en relación con la nueva ley que el entonces tripartito que gobernaba en Cataluña –PSC, ERC e IU– preparaba para la regulación del mercado respecto a las estaciones de Inspecciones Técnicas de Vehículos. Según se desprende de varios correos , Martí, que había sido designado por la Generalitat para mediar entre los distintos operadores que aspiraban a concesiones de ITV, percibiría mensualmente 6.000 euros a través de una sociedad del mencionado empresario, cuenta La Razón. 

La llamada Ley Wert va a cambiar la forma en que se estudia la Historia de España. Los alumnos tendrán que aprender lo mismo en todas las autonomías, los contenidos serán menos localistas que ahora y se hará más hincapié en los orígenes de la nación española que el que hacía la Ley Orgánica de Educación (LOE) de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno asegura que la Lomce «homogeneizará» en todo el país las asignaturas que son de su competencia, informa El Mundo.  

Barcelona propone ocho maneras de acabar la Sagrada Familia. Un estudio encargado por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso La Vanguardia, plantea ocho soluciones, con distintas variantes, a este asunto enquistado. Las propuestas del Ayuntamiento van desde dejar el edificio como está hasta el derribo de dos manzanas del Eixample para urbanizar el entorno. 

José Ángel Gutiérrez
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