- Jazztel acelera el despliegue de fibra en plena opa de Orange
- Cepsa reclama al Ejecutivo la puesta en marcha de una bombona de butano social
- Los principales colaboradores de Paramés también dejarán Bestinver
- La Generalitat quiere que la CNMV advierta a los inversores sobre AENA
- El número de beneficiarios del bono social de la tarifa eléctrica cae un 18%
- Las empresas con menor siniestralidad pagarán menos cotizaciones sociales
- España, en el pódium europeo de la innovación
- Las empresas de gran consumo, reunidas en Aecoc, no ven clara la recuperación
- Ninguna de las medidas de Rajoy para luchar contra la corrupción está en vigor
- Cofely obtuvo 197 millones en contratos públicos tras fichar al número dos del Ayuntamiento de Madrid
- El juez pide a Madrid decenas de contratos ligados a la corrupción
- Granados se lucraba alquilando a su testaferro locales para las consejerías
- Los empresarios entregaban bolsas de dinero a Granados en cacerías
- Granados tenía en su domicilio la sede de dos inmobiliarias
- La UCO señala al informático de Madrid por generar dinero negro
- La Policía pide más datos a la banca suiza sobre Xavier Trias
- Oleguer Pujol intentó lavar 470 millones seis días después de confesar su padre
- El Gobierno impugnará el nuevo 9N alegando que se mantiene la pregunta y que la Generalitat se implica
- Fármacos ilegales con un 800% de beneficio
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció ayer que da por concluidos los programas de estímulo que comenzaron en 2008 a raíz de la crisis económica y que en noviembre dejará de comprar bonos y otros títulos financieros. El objetivo de estos programas era inyectar liquidez a los mercados para impulsar la economía que, a juicio del banco central estadounidense, es "lo suficientemente fuerte". Los tipos de interés no varían de momento y se mantendrán entre el 0% y el 0,25% durante un "tiempo considerable", especialmente si la inflación continúa por debajo del objetivo del 2%. Si bien la FED advierte de que "si nueva información indica un progreso más rápido hacia los objetivos de empleo e inflación", entonces "incrementos de los tipos federales ocurrirían más pronto".

También de EEUU nos llega que según el diario The Wall Street Journal ha destacado que la economía española representa la "única verdadera historia de cambio en esta crisis" entre los países de la eurozona. El diario destaca el mérito de las medidas tomadas por el Gobierno español "a pesar de la oposición de los tecnócratas de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional" y recomienda al resto de socios del euro tomar nota de las reformas acometidas por el Ejecutivo español, especialmente en el ámbito laboral y fiscal. No obstante considera que "aún no es suficiente" y recomienda "una mayor liberalización del mercado laboral", al tiempo que propone "rebajas fiscales adicionales".

También recoge la prensa que un total de 53 países, entre ellos España, firmaron ayer en Berlín un acuerdo de intercambio automático de información fiscal para combatir la evasión de capitales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, destacó que el acuerdo "inicia un proceso que va a determinar un nuevo estándar desde el punto de vista del intercambio de información, de colaboración de las autoridades fiscales". A partir de 2016 se registrarán los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y se intercambiarán de forma rutinaria a partir de 2017.

En lo que respecta a las exclusivas del día, Juan Abelló, a través de su sociedad inversora Torreal, negocia la compra de la participación conjunta del 56% que FCC y Bankia tienen en la inmobiliaria Realia. Las negociaciones se han centrado en Realia Patrimonio, aunque no se descarta que compre toda la sociedad. Abelló ya intentó la adquisición de Colonial, destaca Expansión.

Jazztel otorgará a Orange una red de fibra con cinco millones de hogares si triunfa la opa del grupo galo. Y es que Jazztel ha decidido ampliar en dos millones de hogares su cobertura con una inversión cercana a 300 millones de euros. Así, Orange tendría ya cubierto la mitad de su plan de despliegue, que prevé llevar la fibra a 10 millones de casas en 2017. Alcanza los 2,67 millones de casas pasadas al cierre del tercer trimestre, según Cinco Días.  

Cepsa reclama al Ejecutivo la puesta en marcha de una bombona de butano social, dice El Economista.  

Los principales colaboradores de Paramés también dejarán Bestinver, asegura El Economista.

La Generalitat quiere que la CNMV advierta a los inversores sobre AENA. Mas Colell cuestiona ante la Comisión Europea el modelo unificado de los aeropuertos, informa La Vanguardia.

Pese a la crisis económica, el bono social de la tarifa de la luz lo disfrutan medio millón de personas menos que en 2009. La caída, del 18%, hasta casi 2,5 millones de usuarios, se explica por los planes antifraude y de instalación de interruptores de potencia, así como por la política de ofertas en el mercado libre de las eléctricas, que deja a quien acepta sin bono. Los usuarios con derecho al bono se quedan sin él si aceptan ofertas, cuenta Cinco Días.
 
El PP ha introducido una enmienda a la ley de mutuas que insta al Gobierno a mejorar en el plazo de un año el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que contribuyan a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral simplificando el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del conocido como «bonus-malus», señala ABC.  

España, en el pódium europeo de la innovación. Carmen Vela anuncia en los Premios Cinco Días que 761 proyectos de I D i logran financiación del plan europeo Horizonte 2020. Novartis, Cosentino y Aquilón recibieron ayer los galardones que cada año concede este periódico.

El paro, la elevada deuda y la deflación frenan el crecimiento del consumo. Más de un millar de directivos de compañías de gran consumo presentes en España constataron ayer la existencia de factores que dificultan la salida de la crisis. Lo hicieron en el Congreso de Aecoc, la asociación que reúne a 26.000 empresas del sector. Javier Campo, presidente de la asociación, advirtió sobre el freno que suponen para la recuperación el elevado nivel de deuda, fundamentalmente en las Administraciones públicas, el paro y la deflación, una opinión compartida por la gran mayoría de los asistentes. "El sector público sigue endeudándose cada año más y está en situación de líneas rojas", subrayó, recoge Cinco Días.

Ninguna de las medidas de Rajoy para luchar contra la corrupción está en vigor. El Gobierno ha venido retrasando desde el año pasado la aprobación de normas para combatir la corrupción política como la reforma del Código Penal, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, todas ellas varadas en su tramitación parlamentaria, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aprobación peligra, recuerda El Economista.  

El éxito de Cofely, la firma sobre la que pivota la operación Púnica, en los concursos públicos dio un salto de gigante tras fichar a Miguel Ángel Villanueva, ex número dos de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. La filial de GDF Suez, que contrató a Villanueva como asesor en abril de 2013, después de que éste tuviera que dimitir como vicealcalde por la tragedia del Madrid Arena, ha obtenido en un año al menos 197 millones de euros en contratos públicos. Esta cifra que contrasta con los 8,65 millones en adjudicaciones que logró, según el Boletín Oficial del Estado y a falta de que afloren más contratos, entre 2009 y marzo de 2013, indica El Economista.   

La Comunidad de Madrid ha entregado a la Guardia Civil, a requerimiento del juez de la Operación Púnica, amplia documentación sobre la gestión de Francisco Granados entre los años 2004 y 2009, cuando ocupó diversas consejerías en el Ejecutivo autónomo de Esperanza Aguirre. Granados, quien había sido alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, fue consejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior. Además de a estos cuatro departamentos, también se ha pedido información a las consejerías de Educación y Urbanismo, explica El País. 

Granados se lucraba alquilando a su testaferro locales para las consejerías. El exsecretario del PP de Madrid cobraba sobornos a constructores en cacerías pagadas por el conseguidor de la trama, destaca ABC.  

Los empresarios entregaban bolsas de dinero a Granados en cacerías, según La Razón. 

Granados tenía en su domicilio la sede de dos inmobiliarias, añade La Vanguardia.

El consejero delegado de la empresa pública informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, está siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por autorizar presuntamente facturas falsas en contratos con proveedores «con el objetivo de generar dinero B». Así lo aseguran a EL MUNDO fuentes de la investigación inmersas en la llamada operación Púnica. Martínez Nicolás depende de la Consejería de Presidencia. 

La Policía pide más datos a la banca suiza sobre Xavier Trias. La Udef ha pedido así datos e información a bancos suizos. Tras recibir el informe de 31 folios que vincula al alcalde de Barcelona con una transferencia de Suiza a Andorra por casi 13 millones de euros, la unidad especializada de la Policía Judicial inició la fase de comprobaciones. A través del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (Sepblac) ha solicitado información para comparar los datos que obran en su poder y que le atribuyen a Xavier Trias este importante movimiento bancario, publica El Mundo.  

Oleguer Pujol, hijo menor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, trató de blanquear 470 millones de euros sólo seis días después de que su padre confesara tener dinero oculto en el extranjero. El intento de regularizar este dinero se produjo el 31 de julio, menos de una semana después de que el ex presidente de la Generalitat confesara que ocultó la existencia de una herencia millonaria no regularizada, destaca La Razón. 

El Gobierno catalán ha exigido por carta a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esta comunidad que difundan gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta alternativa del 9 de noviembre. La petición la ha formulado el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, Josep Martí Blanch, amparándose en la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña. En ese contexto, la Abogacía del Estado considera que la fórmula más adecuada para recurrir contra la convocatoria alternativa del 9N es plantear un conflicto positivo de competencias, estimando que la Generalitat está intentando ejercer atribuciones del Estado al auspiciar de forma clara un referéndum encubierto. La pregunta es la misma que en el 9N inicial y el Gobierno catalán es el responsable del dispositivo que implica a funcionarios y policías. No obstante, la impugnación no está ultimada, a la espera del dictamen del Consejo de Estado, cuya comisión permanente se reúne hoy, indica La Vanguardia. 

Un fraude menor que se destapó en mayo en un pequeño pueblo de Teruel se ha convertido ya en una trama delictiva que opera en toda España y que se dedicaba a sacar de las farmacias implicadas medicamentos a precio barato —fijado por el Gobierno— para venderlos en el extranjero multiplicando su valor hasta en un 800%. Cinco mayoristas de distribución de medicamentos y 200 farmacias integran la red, que ha facturado unos 50 millones de euros. Hay 30 detenidos, a los que se les imputan hasta cinco delitos, entre ellos el de banda criminal, publica El País.

Un tribunal militar ha revocado el procesamiento de tres militares españoles por un presunto delito de torturas contra dos prisioneros en Irak en 2004 porque los convenios de Ginebra no protegen a "terroristas", el mismo argumento que utilizó la Administración de George W. Bush en Guantánamo. Los jueces castrenses sospechan que las víctimas podrían ser terroristas Alega que, de serlo, no se les aplicarían los convenios de Ginebra La pérdida del libro de detenidos impide identificar a los maltratados El auto sugiere pasar el caso a la justicia civil, donde estaría prescrito, señala El País.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com