- Moral Santín (ex consejero de Caja Madrid por IU): «No eran un regalo, trabajé intensamente»
- Fernández Villa saldrá del consejo de Hunosa tras desvelarse los 1,4 millones defraudados
- Hacienda ya sabía en 2007 que los consejeros de Caja Madrid usaban tarjetas personales pero no investigó
- Un titular de las tarjetas B vigilará a los inspectores de Hacienda
- Bruselas pregunta por las 'tarjetas B' de Caja Madrid
- La cúpula de Caja Madrid sólo ha devuelto el 7,2% del dinero
- Bankia dijo en su OPV que daba 27.000 euros en tarjetas
- Deloitte exigió eludir sus responsabilidades en Bankia por contrato
- La devolución del céntimo sanitario al transporte se retrasa
- Recta final en la puja por los activos de E.ON
- Carbures: las tres 'spin off' sobre las que PwC ha puesto su lupa facturan en conjunto 8,9 millones
- La CNMC teme no poder cobrar un 10% de las primas a renovables
- Competencia investiga anomalías en las subidas del precio de la luz
- La creación de Sicav registra el mayor crecimiento de su historia
- Antonio Beteta: "El salario de los funcionarios estará ligado a la productividad"
- Moncloa crea 8.900 empleos públicos y termina con los ajustes de plantilla
- Oriol Pujol, ante un jurado popular por las ITV
- Protección de Datos investiga a la ANC por usar información ideológica
Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola, se encuentra en una situación "muy crítica", según informó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez. A lo largo del día de ayer el estado de Teresa se agravó, algo que confirmaron a los periodistas el hermano de la paciente y una portavoz del Sindicato de Técnicos de Enfermería, que declaró que estaba "grave, intubada" y habló de "fallos multiorgánicos". Fuentes del Hospital Carlos III negaron que el empeoramiento fuera tan severo. Un total de catorce personas permanecen ingresadas en el Carlos III, aunque el único caso confirmado de ébola es el de Teresa.
En el exterior, delegados de la OTAN y de EEUU viajaron ayer a Ankara para presionar al Gobierno turco para que acepte implicarse militarmente en la ofensiva contra el Estado Islámico (EI) en Siria. Turquía apuntó que sólo se plantearía intervenir si se establece una zona de exclusión aérea en el lado sirio de la frontera y otra donde concentrar a los refugiados. Además, pide que la coalición entrene a los rebeldes sirios moderados y persiga el cambio de régimen en Siria. "No es realista esperar que Turquía vaya a dirigir por sí misma una operación sobre el terreno", dijo el titular de Exteriores turco, Meviut Cavusoglu, quien apuntó que el régimen de Bachar el Asad es la causa de la inestabilidad.
En lo económico, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió ayer de que persiste el riesgo de que la zona euro caiga de nuevo en recesión y resaltó que España es el único país de esa zona cuyas previsiones han subido. En la reunión anual del FMI y del Banco Mundial (BM), que arrancó ayer en Washington, Lagarde recalcó que la recuperación global es cada vez más "desigual" y llamó la atención sobre la frágil situación de la eurozona. Al respecto, dijo que los cálculos del organismo sitúan entre "un 35% y un 40% de posibilidades" de que la zona euro vuelva a entrar en recesión.
Así las cosas, el exsecretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, en un momento en el que la crisis económica ya azotaba con fuerza a la sociedad española, y Caja Madrid presentaba algo más que síntomas de tener graves problemas, realizó seis cargos contra la tarjeta de Caja Madrid por valor de 12.750 euros aproximadamente. Todos corresponden a compras en El Corte de Inglés. En el listado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no se especifica en qué departamentos de los grandes almacenes realiza las compras pero el cargo más pequeño es de 500 euros y el más importante de 6.000. El sindicalista ha dicho que devolverá todo el dinero gastado pero dice que no es ilegal.
Moral Santín (ex consejero de Caja Madrid por IU): «No eran un regalo, trabajé intensamente». El catedrático de Economía, que gastó, según el informe de Bankia, 426.000 euros con la tarjeta 'black,' defiende que este mecanismo de retribución era legal y que «los secretarios generales» de Caja Madrid nunca le pidieron «justificantes», en El Mundo.
El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, que sigue sin romper su silencio sobre la fortuna personal investigada por la Fiscalía Anticorrupción, deberá afrontar su salida del consejo de administración de Hunosa tras ser expulsado del PSOE y del sindicato que lideró durante 35 años. Fernández Villa, de 71 años y que se retiró de la actividad sindical y política en abril de 2013, al año siguiente de la amnistía fiscal que le permitió regularizar los 1,4 millones cuya procedencia es investigada, guarda silencio mientras el estupor sigue instalado entre los partidos políticos y buena parte de la sociedad asturiana, incluidos sus antiguos colaboradores, publica ABC.
La Agencia Tributaria supo hasta 2007 de los gastos que los consejeros de Caja Madrid cargaban a sus tarjetas personales. El entonces responsable de la inspección, Cipriano Muñoz, encontraba "todos los años" gastos que no se correspondían con los de representación y sancionaba a la entidad anulando la deducción del 35% del impuesto de sociedades e imponiéndole un recargo del 20%. Hacienda, sin embargo, nunca exigió que se desmantelara el sistema. La Agencia Tributaria conocía una cuenta denominada "gastos de los órganos de representación" de Caja Madrid, donde se incluían los gastos personales de los consejeros camuflados entre los cargos normales de la entidad, según fuentes conocedoras de la operativa, dice El País.
El ex jefe de gabinete del secretario de estado de Hacienda, José María Buenaventura, que dimitió por haber hecho uso de 63.000 euros de las tarjetas B de Caja Madrid, se incorpora al Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria que se encarga de vigilar a los inspectores. José María Buenaventura fue obligado a dimitir la semana pasada por parte del Ministerio de Hacienda de su cargo de jefe de gabinete del secretario de Estado, Miguel Ferre. El funcionario figuraba en la lista de consejeros de Caja Madrid elaborada por Bankia que usaron las tarjetas black. En concreto, Buenaventura gastó con ella 63.000 euros desde 2004 hasta 2007, informa El Mundo.
Los inspectores de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han pedido información sobre el escándalo de las tarjetas B que durante años fueron utilizadas por consejeros y directivos de Caja Madrid y, posteriormente, Bankia. Los técnicos de ambos organismos están manteniendo desde el lunes reuniones con representantes del Ministerio de Economía, Hacienda, el Banco de España, el Frob y la Sareb. En estos encuentros se ha requerido información sobre este asunto, según fuentes próximas a las reuniones, si bien ni el Ejecutivo comunitario ni el BCE tienen intención de pronunciarse al respecto al ser un caso que ya está judicializado, publica El Mundo.
La cúpula de Caja Madrid sólo ha devuelto el 7,2% del dinero, asegura El Economista.
El folleto de salida a Bolsa de Bankia, que se llevó a cabo en 2011 bajo la presidencia de Rodrigo Rato, detallaba que, en su conjunto, los consejeros de la entidad tenían saldos disponibles en tarjetas de crédito por 27.000 euros. La auditoría interna encargada por la nueva cúpula que dirige José Ignacio Goirigolzarri revela, sin embargo, que el gasto total que se registró aquel año con tarjetas opacas ascendió a 1,2 millones de euros, cuenta Cinco Días.
Deloitte exigió eludir sus responsabilidades en Bankia por contrato. En un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Economista, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, acusa a Deloitte, la firma que auditó las cuentas de Bankia en la salida a bolsa en julio de 2011, de haberse saltado la legislación española para eludir cualquier tipo de responsabilidad en la operación.
La Agencia Tributaria alerta de que los contribuyentes que soliciten la devolución del céntimo sanitario sin seguir el procedimiento establecido por Hacienda se arriesgan a sufrir retrasos en el reintegro del impuesto que Bruselas consideró ilegal. La Administración ha detectado que especialmente los contribuyentes con derecho a mayores devoluciones optan por presentar sus reclamaciones en papel, lo que ralentiza los procesos de verificación, digitalización y reintegro, indica Cinco Días.
Los analistas valoran Aena en más de 5.000 millones, dice Expansión. Esto lo publicó Hispanidad el 23 de septiembre.
El proceso de venta de los activos del gigante alemán E.ON en España entra en su recta final. La lista de potenciales compradores incluye al grupo industrial Villar Mir (aliado con FirstState), Gas Natural (en asociación con Morgan Stanley Infraestructure y Riverstone), Endesa y los fondos de inversión internacionales Brookfield (Canadá), Macquarie (Australia) y CVC Capital Partners (Reino Unido), señala Expansión.
Carbures: las tres 'spin off' sobre las que PwC ha puesto su lupa facturan en conjunto 8,9 millones. Las sociedades en cuestión son Sinatec (nanocomposites), Materiable (reciclaje) y Ansal (comercialización de productos de Carbures). Las tres estaban en manos del propio Contreras –a través de una sociedad de capital riesgo– hasta su nombramiento como consejero delegado de Carbures y su entrada en el accionariado. Por el momento, lo único que ha trascendido de estas spin off de universidades es su actividad. EXPANSIÓN intentó ayer sin éxito recabar más información en estas empresas y dos de ellas –Materiable y Sinatec– tienen inactivas sus páginas web.
Las renovables tienen que devolver unos 1.200 millones de las primas cobradas a cuenta desde julio de 2013. La CNMC, encargada de las liquidaciones del sistema, teme que un 10% de esta cantidad no pueda ser recuperada, pues corresponde a las plantas de cogeneración y purines que han cerrado. Mantiene un pulso con Industria por la metodología de los peajes eléctricos. El regulador analizó la operación de Endesa, explica Cinco Días.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha los mecanismos para investigar las subidas del precio de la electricidad que se produjeron en los últimos días de agosto y primeros de septiembre en el mercado mayorista. El objetivo es estudiar si el repunte del precio medio del 18% registrado es acorde a las condiciones del mercado. El precio medio del megawatio/hora en septiembre fue de 58,89 euros, frente a los 49,41 euros de agosto o los 51,49 euros del mismo mes del año anterior. EL PAÍS apunta que la CNMC trata de conocer los factores que llevaron los precios mayoristas por encima de los 60 euros e incluso cerca de los 70 euros publican El País y El Mundo.
La creación de Sicav registra el mayor crecimiento de su historia. Hasta septiembre se han constituido 180 y su patrimonio roza los máximos de 2007, indica Cinco Días.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, desvela a EXPANSIÓN que a partir de ahora las subidas salariales de los empleados públicos se aplicarán según "la productividad y la competitividad", y dejarán de estar ligadas a la inflación. "Lo ideal es que tuviéramos avanzada una retribución variable para los funcionarios en junio o julio", señala en la entrevista. El alto cargo del Ministerio de Hacienda asegura que se devolverá toda la paga extra suspendida en 2012 "en metálico", pero cuando lo permita el cumplimiento del objetivo de déficit público.
Moncloa crea 8.900 empleos públicos y termina con los ajustes de plantilla. Los recortes en las plantillas del sector público como método para ajustar sus cuentas podrían estar llegando a su fin. Es, al menos, una de la lecturas que se pueden sacar de los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), que confirman que entre abril y junio se crearon 8.900 empleos más que el trimestre anterior. Un cambio de tendencia que comenzó en el primer trimestre de 2014 y que no se daba desde hace tres años, destaca El Economista.
Oriol Pujol puede ser el primero de la familia del ex presidente de la Generalitat en sentarse en el banquillo de los acusados. Su panorama judicial no es, precisamente, todo lo halagüeño que le gustaría. El «caso de las ITV» se encuentra en su recta final. De hecho, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la magistrada Silvia Pérez Mejía, quien retomó la causa tras la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una vez que Oriol Pujol renunció al acta de diputado por CiU en el Parlament, ha iniciado ya los trámites para continuar la causa por el procedimiento de Tribunal de Jurado, con lo que, llegado el caso, serían nueve ciudadanos los que tendrían que decidir sobre su inocencia o culpabilidad, es decir, si medió para modificar en la Cámara catalana la Ley de Seguridad Industrial, en 2008, para favorecer a unos empresarios amigos que «tenían interés en conseguir, de una u otra manera» –pero sin seguir el procedimiento legalmente establecido–, la adjudicación de estaciones de ITV.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas se reunió ayer con los dirigentes de los cuatro partidos que apoyan la consulta del 9 de noviembre para buscar soluciones que garanticen la celebración del referéndum tras la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional. En ese contexto, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el soporte social sobre el que se posiciona la presión en la calle en favor de la consulta del 9-N, tiene agujeros. Sus campañas casa por casa para recabar la opinión de los ciudadanos catalanes están siendo investigadas. Durante las últimas semanas, han sido múltiples las denuncias que esta agencia ha recibido sobre la gestión de datos que está realizando la Asamblea ante la convocatoria del 9-N. Según explicaron fuentes cercanas a la agencia, estas denuncias incluían también la sospecha de que el tratamiento de los datos personales que obtienen puede estar siendo utilizado para otros fines contrarios a los informados. Inspeccionaron su sede el lunes tras recibir varias denuncias, apunta El Mundo.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el envío de un contingente de unos 300 militares a Irak para instruir al Ejército de ese país. Es la principal aportación de España a la coalición internacional contra el Estado Islámico que lidera Estados Unidos. Esta decisión supone el regreso de soldados españoles a suelo iraquí tras la retirada de las tropas hace 10 años. Se autorizará el uso de las bases de Rota y Morón por las tropas de la coalición. De momento no se desplegarán aviones en la zona de operaciones, afirma El País.
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
- Fernández Villa saldrá del consejo de Hunosa tras desvelarse los 1,4 millones defraudados
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Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola, se encuentra en una situación "muy crítica", según informó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez. A lo largo del día de ayer el estado de Teresa se agravó, algo que confirmaron a los periodistas el hermano de la paciente y una portavoz del Sindicato de Técnicos de Enfermería, que declaró que estaba "grave, intubada" y habló de "fallos multiorgánicos". Fuentes del Hospital Carlos III negaron que el empeoramiento fuera tan severo. Un total de catorce personas permanecen ingresadas en el Carlos III, aunque el único caso confirmado de ébola es el de Teresa.
En el exterior, delegados de la OTAN y de EEUU viajaron ayer a Ankara para presionar al Gobierno turco para que acepte implicarse militarmente en la ofensiva contra el Estado Islámico (EI) en Siria. Turquía apuntó que sólo se plantearía intervenir si se establece una zona de exclusión aérea en el lado sirio de la frontera y otra donde concentrar a los refugiados. Además, pide que la coalición entrene a los rebeldes sirios moderados y persiga el cambio de régimen en Siria. "No es realista esperar que Turquía vaya a dirigir por sí misma una operación sobre el terreno", dijo el titular de Exteriores turco, Meviut Cavusoglu, quien apuntó que el régimen de Bachar el Asad es la causa de la inestabilidad.
En lo económico, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió ayer de que persiste el riesgo de que la zona euro caiga de nuevo en recesión y resaltó que España es el único país de esa zona cuyas previsiones han subido. En la reunión anual del FMI y del Banco Mundial (BM), que arrancó ayer en Washington, Lagarde recalcó que la recuperación global es cada vez más "desigual" y llamó la atención sobre la frágil situación de la eurozona. Al respecto, dijo que los cálculos del organismo sitúan entre "un 35% y un 40% de posibilidades" de que la zona euro vuelva a entrar en recesión.
Así las cosas, el exsecretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, en un momento en el que la crisis económica ya azotaba con fuerza a la sociedad española, y Caja Madrid presentaba algo más que síntomas de tener graves problemas, realizó seis cargos contra la tarjeta de Caja Madrid por valor de 12.750 euros aproximadamente. Todos corresponden a compras en El Corte de Inglés. En el listado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no se especifica en qué departamentos de los grandes almacenes realiza las compras pero el cargo más pequeño es de 500 euros y el más importante de 6.000. El sindicalista ha dicho que devolverá todo el dinero gastado pero dice que no es ilegal.
Moral Santín (ex consejero de Caja Madrid por IU): «No eran un regalo, trabajé intensamente». El catedrático de Economía, que gastó, según el informe de Bankia, 426.000 euros con la tarjeta 'black,' defiende que este mecanismo de retribución era legal y que «los secretarios generales» de Caja Madrid nunca le pidieron «justificantes», en El Mundo.
El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, que sigue sin romper su silencio sobre la fortuna personal investigada por la Fiscalía Anticorrupción, deberá afrontar su salida del consejo de administración de Hunosa tras ser expulsado del PSOE y del sindicato que lideró durante 35 años. Fernández Villa, de 71 años y que se retiró de la actividad sindical y política en abril de 2013, al año siguiente de la amnistía fiscal que le permitió regularizar los 1,4 millones cuya procedencia es investigada, guarda silencio mientras el estupor sigue instalado entre los partidos políticos y buena parte de la sociedad asturiana, incluidos sus antiguos colaboradores, publica ABC.
La Agencia Tributaria supo hasta 2007 de los gastos que los consejeros de Caja Madrid cargaban a sus tarjetas personales. El entonces responsable de la inspección, Cipriano Muñoz, encontraba "todos los años" gastos que no se correspondían con los de representación y sancionaba a la entidad anulando la deducción del 35% del impuesto de sociedades e imponiéndole un recargo del 20%. Hacienda, sin embargo, nunca exigió que se desmantelara el sistema. La Agencia Tributaria conocía una cuenta denominada "gastos de los órganos de representación" de Caja Madrid, donde se incluían los gastos personales de los consejeros camuflados entre los cargos normales de la entidad, según fuentes conocedoras de la operativa, dice El País.
El ex jefe de gabinete del secretario de estado de Hacienda, José María Buenaventura, que dimitió por haber hecho uso de 63.000 euros de las tarjetas B de Caja Madrid, se incorpora al Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria que se encarga de vigilar a los inspectores. José María Buenaventura fue obligado a dimitir la semana pasada por parte del Ministerio de Hacienda de su cargo de jefe de gabinete del secretario de Estado, Miguel Ferre. El funcionario figuraba en la lista de consejeros de Caja Madrid elaborada por Bankia que usaron las tarjetas black. En concreto, Buenaventura gastó con ella 63.000 euros desde 2004 hasta 2007, informa El Mundo.
Los inspectores de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han pedido información sobre el escándalo de las tarjetas B que durante años fueron utilizadas por consejeros y directivos de Caja Madrid y, posteriormente, Bankia. Los técnicos de ambos organismos están manteniendo desde el lunes reuniones con representantes del Ministerio de Economía, Hacienda, el Banco de España, el Frob y la Sareb. En estos encuentros se ha requerido información sobre este asunto, según fuentes próximas a las reuniones, si bien ni el Ejecutivo comunitario ni el BCE tienen intención de pronunciarse al respecto al ser un caso que ya está judicializado, publica El Mundo.
La cúpula de Caja Madrid sólo ha devuelto el 7,2% del dinero, asegura El Economista.
El folleto de salida a Bolsa de Bankia, que se llevó a cabo en 2011 bajo la presidencia de Rodrigo Rato, detallaba que, en su conjunto, los consejeros de la entidad tenían saldos disponibles en tarjetas de crédito por 27.000 euros. La auditoría interna encargada por la nueva cúpula que dirige José Ignacio Goirigolzarri revela, sin embargo, que el gasto total que se registró aquel año con tarjetas opacas ascendió a 1,2 millones de euros, cuenta Cinco Días.
Deloitte exigió eludir sus responsabilidades en Bankia por contrato. En un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Economista, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, acusa a Deloitte, la firma que auditó las cuentas de Bankia en la salida a bolsa en julio de 2011, de haberse saltado la legislación española para eludir cualquier tipo de responsabilidad en la operación.
La Agencia Tributaria alerta de que los contribuyentes que soliciten la devolución del céntimo sanitario sin seguir el procedimiento establecido por Hacienda se arriesgan a sufrir retrasos en el reintegro del impuesto que Bruselas consideró ilegal. La Administración ha detectado que especialmente los contribuyentes con derecho a mayores devoluciones optan por presentar sus reclamaciones en papel, lo que ralentiza los procesos de verificación, digitalización y reintegro, indica Cinco Días.
Los analistas valoran Aena en más de 5.000 millones, dice Expansión. Esto lo publicó Hispanidad el 23 de septiembre.
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Carbures: las tres 'spin off' sobre las que PwC ha puesto su lupa facturan en conjunto 8,9 millones. Las sociedades en cuestión son Sinatec (nanocomposites), Materiable (reciclaje) y Ansal (comercialización de productos de Carbures). Las tres estaban en manos del propio Contreras –a través de una sociedad de capital riesgo– hasta su nombramiento como consejero delegado de Carbures y su entrada en el accionariado. Por el momento, lo único que ha trascendido de estas spin off de universidades es su actividad. EXPANSIÓN intentó ayer sin éxito recabar más información en estas empresas y dos de ellas –Materiable y Sinatec– tienen inactivas sus páginas web.
Las renovables tienen que devolver unos 1.200 millones de las primas cobradas a cuenta desde julio de 2013. La CNMC, encargada de las liquidaciones del sistema, teme que un 10% de esta cantidad no pueda ser recuperada, pues corresponde a las plantas de cogeneración y purines que han cerrado. Mantiene un pulso con Industria por la metodología de los peajes eléctricos. El regulador analizó la operación de Endesa, explica Cinco Días.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha los mecanismos para investigar las subidas del precio de la electricidad que se produjeron en los últimos días de agosto y primeros de septiembre en el mercado mayorista. El objetivo es estudiar si el repunte del precio medio del 18% registrado es acorde a las condiciones del mercado. El precio medio del megawatio/hora en septiembre fue de 58,89 euros, frente a los 49,41 euros de agosto o los 51,49 euros del mismo mes del año anterior. EL PAÍS apunta que la CNMC trata de conocer los factores que llevaron los precios mayoristas por encima de los 60 euros e incluso cerca de los 70 euros publican El País y El Mundo.
La creación de Sicav registra el mayor crecimiento de su historia. Hasta septiembre se han constituido 180 y su patrimonio roza los máximos de 2007, indica Cinco Días.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, desvela a EXPANSIÓN que a partir de ahora las subidas salariales de los empleados públicos se aplicarán según "la productividad y la competitividad", y dejarán de estar ligadas a la inflación. "Lo ideal es que tuviéramos avanzada una retribución variable para los funcionarios en junio o julio", señala en la entrevista. El alto cargo del Ministerio de Hacienda asegura que se devolverá toda la paga extra suspendida en 2012 "en metálico", pero cuando lo permita el cumplimiento del objetivo de déficit público.
Moncloa crea 8.900 empleos públicos y termina con los ajustes de plantilla. Los recortes en las plantillas del sector público como método para ajustar sus cuentas podrían estar llegando a su fin. Es, al menos, una de la lecturas que se pueden sacar de los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), que confirman que entre abril y junio se crearon 8.900 empleos más que el trimestre anterior. Un cambio de tendencia que comenzó en el primer trimestre de 2014 y que no se daba desde hace tres años, destaca El Economista.
Oriol Pujol puede ser el primero de la familia del ex presidente de la Generalitat en sentarse en el banquillo de los acusados. Su panorama judicial no es, precisamente, todo lo halagüeño que le gustaría. El «caso de las ITV» se encuentra en su recta final. De hecho, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la magistrada Silvia Pérez Mejía, quien retomó la causa tras la inhibición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una vez que Oriol Pujol renunció al acta de diputado por CiU en el Parlament, ha iniciado ya los trámites para continuar la causa por el procedimiento de Tribunal de Jurado, con lo que, llegado el caso, serían nueve ciudadanos los que tendrían que decidir sobre su inocencia o culpabilidad, es decir, si medió para modificar en la Cámara catalana la Ley de Seguridad Industrial, en 2008, para favorecer a unos empresarios amigos que «tenían interés en conseguir, de una u otra manera» –pero sin seguir el procedimiento legalmente establecido–, la adjudicación de estaciones de ITV.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas se reunió ayer con los dirigentes de los cuatro partidos que apoyan la consulta del 9 de noviembre para buscar soluciones que garanticen la celebración del referéndum tras la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional. En ese contexto, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el soporte social sobre el que se posiciona la presión en la calle en favor de la consulta del 9-N, tiene agujeros. Sus campañas casa por casa para recabar la opinión de los ciudadanos catalanes están siendo investigadas. Durante las últimas semanas, han sido múltiples las denuncias que esta agencia ha recibido sobre la gestión de datos que está realizando la Asamblea ante la convocatoria del 9-N. Según explicaron fuentes cercanas a la agencia, estas denuncias incluían también la sospecha de que el tratamiento de los datos personales que obtienen puede estar siendo utilizado para otros fines contrarios a los informados. Inspeccionaron su sede el lunes tras recibir varias denuncias, apunta El Mundo.
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José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
