Contra sus deseos, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, tiene que admitir la objeción de conciencia para los médicos ante el aborto. Una sentencia del Constitucional lo reconoce y el Gobierno no puede oponerse, pese a las tentaciones de su antecesor de crear listas negras para los objetores.
Sin embargo, la ministra se ampara en que la OMS no reconoce que la Píldora del Día Después sea abortiva para negar a los farmacéuticos el derecho a objetar. De esta manera, Jiménez no reconoce la objeción y rechaza su regulación. Simplemente deja abierta la supuesta libertad del farmacéutico para no dispensarla. Claro que, no hace mucho los altos cargos de Sanidad advertían al Consejo Superior de Farmacéuticos que son un servicio público y que no vender un medicamento legal podría suponer una falta grave y acarrear una multa de entre 30.000 y 90.000 euros.
En vísperas del cuarto centenario de la muerte de su patrón, los farmacéuticos reciben amenazas y consejos cruzados desde Sanidad sin que el derecho preexistente de la objeción continúe sin ser regulado.
