Que el nuevo Gobierno maltrata a las comunidades peperas no es una novedad. En el caso de Baleares, el gobierno ha incumplido el convenio firmado por la anterior Administración por un importe de 400 millones de euros. Harto del incumplimiento, el presidente de Baleares, Jaume Matas, ha optado por acudir a financiación privada a la espera de que el gobierno acepte cumplir con las herencias, aunque no le gusten.
El Gobierno, en cambio, le ofrece un nuevo convenio de 600 millones. En principio, Matas debería de renunciar: 600 es mejor que 400. El truco está en que los 600 millones están escalonados. Y qué casualidad, en los primeros años están infradotados. La estrategia parece ser la de rebajar ahora y después ya veremos. Pero como el asunto era -digamos- un tanto chusco, Matas ha optado por acudir a los tribunales. Una actuación que el Ejecutivo dice respetar. Pero la cara de la vicepresidenta De la Vega cuando le preguntaron sobre el caso, no era precisamente de buenos amigos. Más que nada porque sabe que los pactos son para cumplirlos y que tiene todas las de perder.
