• La Audiencia de Palma mantiene imputada a la infanta Cristina por dos delitos fiscales pero no por blanqueo de capitales.
  • Eso sí: doña Cristina no se sentará en el banquillo si le aplican la doctrina Botín y se inhibe la abogacía del Estado y la Fiscalía. 
La Audiencia de Palma, de forma unánime, ha decidido mantener la imputación de la infanta Cristina (en la imagen) por cooperación en dos delitos fiscales en los ejercicios de 2007 y 2008 pero no por blanqueo de capitales. Contra la decisión del tribunal no cabe recurso. Ha vencido, por tanto, el criterio del juez instructor, José Castro, frente al fiscal, Pedro Horrach, que ha rechazado que la infanta fuera juzgada por falta 'absoluta' de indicios incriminitarios. Contó para ello con el apoyo oficial (el Gobierno Rajoy) una vez rotas las relaciones de cooperación entre juez y fiscal.

Como es lógico, su abogado, Miquel Roca, ha afirmado a los medios que no está de acuerdo con la primera decisión, pero sí con la segunda.

Eso sí: doña Cristina no se sentará en el banquillo si se le aplica la 'doctrina Botín', siempre que la abogacía del Estado y la Fiscalía se inhiban. Porque la doctrina Botín, elaborada por el Tribunal Supremo, permite a un imputado por delito fiscal librarse del banquillo si no acusa la Fiscalía o los afectados directamente por el proceso (que se personan como acusación particular). Y en este caso, ni fiscal ni Abogacía del Estado ni Hacienda acusarán a la Infanta... La única instancia que la acusa es la acusación popular Manos Limpias. Precisamente, lo que se carga la doctrina Botín es la acusación popular, figura jurídica muy española.

En su día y en su auto, el juez instructor José Castro encontró "sobrados indicios" de que la hermana del rey Felipe VI "intervino lucrándose" personalmente y facilitó que lo hiciera su marido, Iñaki Urdangarín, "mediante su colaboración silenciosa" en la empresa Aizoon, que compartían ambos al 50%.

Según el juez, Aizoon era una empresa tapadera a la que el duque de Palma presuntamente desvió parte del dinero que consiguió con los millonarios contratos que firmó a través del Instituto Nóos con los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com