• Según expertos del sector la Ley debería de dotar de mayor responsabilidad a los directores de seguridad para evitar tragedias como la del Madrid Arena.
  • El anteproyecto parece diseñado a medida  para acallar a la opinión pública tras el escándalo de Método 3.
  • El libro registro ya existía para los detectives, la única modificación importante es la obligación de poner a disposición de las fuerzas de Seguridad del Estado los informes que se emitían.
  • El ministro realizó una comparativa probablemente interesada entre las cifras de España y Europa, tanto de las fuerzas de Seguridad del Estado como de la Seguridad Privada. 
  • Los datos demuestran que disponemos de más policías por habitante y de menores efectivos de seguridad privada que en Europa, pero ésta hay que pagarla. 

El pasado viernes, el ministro del Interior, Jorge Fernández, comparecía tras el Consejo de Ministros para informar sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada. Un anteproyecto nacido al rebufo del escándalo de las escuchas de Método 3, que a juicio de expertos consultados por Hispanidad, no cubre las expectativas del sector en aspectos muy importantes que nada tienen que ver con las investigaciones detectivescas.

Para Ildefonso Polo, secretario general de la Asociación Española de Directores de Seguridad, y un hombre con amplia experiencia en el sector, "el anteproyecto de ley es positivo porque hay que adaptar la normativa a los nuevos tiempos, pero se queda corto en aspectos como la responsabilidad de los Directores de Seguridad, especialmente en los actos en los que hay una gran afluencia de personal, conciertos, campos de fútbol".

Es necesario, añade, definir la figura del Director de Seguridad y sus responsabilidades "para que no vuelvan a ocurrir sucesos como el del Madrid Arena... De haber existido un jefe de seguridad en aquel acto las salidas de evacuación no se hubieran podido cerrar, no se habría producido una afluencia mayor del aforo permitido y una compañía de seguridad habría vigilado el interior".

El ministro del Interior, Jorge Fernández, en su comparecencia del viernes no sólo auxilió a la vicepresidenta al hablar de los escraches,  sino que realizó también una comparativa entre el número de policías y el número de trabajadores de Seguridad Privada que existen en España y en Europa. Hizo hincapié en que miembros de fuerzas de Seguridad del Estado por cada 100.000 habitantes en España es uno de los más altos de Europa, con 582 agentes, frente a una media de la UE de 385 por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, el número de vigilantes de seguridad privada es el más reducido de la UE, con cerca de 200 por cada 100.000 habitantes. La media de la Unión Europea es de 279 vigilantes privados. Los datos facilitados por el ministro podrían ser interpretados como un intento de justificar las bajas tasas de reposición de las fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente las de la policía,  pero quizás sería excesivo pensar que también pretende crear un ambiente de opinión favorable a la externalización de la seguridad privada.

El número de vigilantes en Europa es superior en Europa, explica Ildefonso Polo, porque "en el resto de Europa a cualquier persona le das una chaqueta y una gorra y se convierte en un vigilante de Seguridad, pero aquí están mucho más preparados. Y la seguridad hay que pagarla".

El anteproyecto de Ley, sin embargo, contempla determinadas atribuciones nuevas para la Seguridad Privada, como la vigilancia perimetral de prisiones, una medida interesante, afirma el  secretario general de la Asociación Española de Directores de Seguridad, siempre que se dote al vigilante de las cárceles de un rango de autoridad, porque, "en otro caso su posibilidad de actuación quedaría muy mermada".

Respecto a las nuevas normas que regularán las actividades de los detectives, tanto el libro-registro como la memoria anual ya existían. La única novedad importante es la obligación de poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los informes que los detectives privados emitan.

Sara Olivo
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