HazteOir.org (HO) considera que, con la marcha de Bono, el presidente del Gobierno se ha desembarazado del último de los elementos incómodos de su partido y blinda el Ejecutivo para iniciar su etapa más radical y rupturista.
Según Ignacio Arsuaga, presidente de HO, el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior es una mala noticia, y supone un paso atrás en la democracia española. No olvidemos añade Arsuaga- que Rubalcaba fue ministro de Interior en tiempos de los GAL y amigo personal de Rafael Vera, y que conoce muy bien todo el proceso de negociación con ETA. No es de extrañar, por tanto, que personajes como el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, se sientan satisfechos y consideren interesante el hecho de que alguien que ha estado en la cocina del proceso desde el principio ocupe la cartera de Interior.
Para HazteOir.org, resulta inadmisible oír de fuentes de la Moncloa que Rubalcaba dirigirá, en estrecho contacto con el presidente Zapatero, el proceso de diálogo con ETA. Los ciudadanos añade- no queremos un Gobierno que dialogue con asesinos y ceda a sus chantajes. No se puede hablar con los terroristas sin la entrega de las armas y el cese definitivo de la violencia. El alto al fuego no es más que un cebo para presionar al Ejecutivo y alcanzar de él sus reivindicaciones históricas.
Máxime cuando ayer, a través de su boletín interno Zutabe, difundido por la radio televisión pública vasca, ETA exigía como condiciones para mantener su alto al fuego la autodeterminación, la anexión de Navarra y los territorios del sur de Francia que asumen como propios, la amnistía total para etarras encarcelados, la expulsión de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad y la desactivación de los cuerpos especiales de la Ertzaintza.
Junto a esto, el presidente de HazteOir.org teme que el control del nuevo ministro de Interior sobre la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, la Comisión de Secretos Oficiales, las fuerzas de seguridad, la política penitenciaria y el registro de partidos políticos, reste transparencia a la gestión del Ejecutivo en materia antiterrorista y propicie las concesiones que esperan los etarras, con políticas de acercamientos de presos e incluso una posible legalización de Batasuna.
