El caso Ibarreche o las denuncias populares o asociativas sobre corrupción urbanística, cohecho y prevaricación se harían imposibles sin el apoyo de la Fiscalía. Todo ello, a costa de la grieta abierta tras la absolución de Emilio Botín por el juez Gómez Bermúdez, en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. Tanto con Aznar como con ZP, el Gobierno apoyó a Botín en este sumario, a pesar de que el presunto delito era fiscal. Iván Hernández, letrado de la Asociación de Accionistas y Clientes: "Si lo que quieren es cargarse la acusación popular, al menos que lo haga el Supremo"

El próximo 3 de diciembre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al completo, deliberará y emitirá un fallo sobre el recurso de casación presentado por el letrado Iván Hernández, en nombre de la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes, contra el auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archivó el asunto de las cesiones de crédito, bajo la Presidencia de Javier Gómez Bermúdez.

La propia Providencia del Supremo reclama que se reúna el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "teniendo en cuenta que el objeto del presente recurso suscita cuestiones complejas íntimamente ligadas al derecho a la tutela judicial efectiva". En efecto, lo que está en juego no es el caso de las cesiones de crédito del Santander sino la acusación popular. Y es que lo que el Supremo va a dictaminar el 3 de diciembre no es un caso de presunto fraude fiscal, sino el criterio del tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez -ahora juez estrella tras el juicio del 11-M, y reconciliado con el PSOE y la progresía-, para quien no cabe la iniciativa penal en el procedimiento abreviado -aproximadamente el 90% de los casos de Penal en España-  en delitos contra la Administración pública, si no cuenta con el apoyo de la Fiscalía. Dicho de otra forma, se pone en manos del Gobierno ese tipo de delitos y la iniciativa popular queda anulada. Por ejemplo, si se impone dicho criterio, el caso Ibarretxe, donde ejerce como acusación particular el Foro de Ermua, o cualquier delito fiscal, de corrupción urbanística, cohecho o prevaricación no podrían llevarse a cabo sin el apoyo de la Fiscalía. Considerando la politización.

¿Por qué todo esto ha surgido del caso de las cesiones de crédito? Pues muy sencillo, porque en ese caso todo el peso lo llevó la acusación popular, en concreto la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes, mientras los defensores del damnificado, es decir, la Hacienda Pública, es decir, la Fiscalía y la Abogacía del Estado replicaron a la Acusación y defendieron abiertamente al acusado, Emilio Botín. Tanto con el Gobierno Aznar, como con el Gobierno Zapatero, la tarea de la abogacía del Estado, así como la de la Fiscalía General del Estado, se dedicaron a poner palos en la rueda de la jueza instructora, Teresa Palacios.    

Al final, tras 13 años de trabajo y pese a la labor obstructora de la mayor legión de abogados movilizada en España por el banquero más famoso, Palacios logró concluir un sumario que Gómez Bermúdez y sus dos compañeros archivaron… ¡en las  cuestiones previas al juicio oral!, que ni tan siquiera llegó a celebrarse. Y eso pese a tres providencias a favor de la instructora que, si bien redujeron el número de delitos de los que se acusaba a Botín, ratificaron su línea argumental y permitieron que Botín se sentara en el banquillo… durante unas horas.

Vamos con la historia. Durante esos 13 años, la jueza Teresa Palacios aclaró un caso de presunta elusión fiscal bajo la figura financiera de la cesión de crédito.

El Santander realizó 47.000 operaciones de cesiones de crédito por un valor nominal de 2.500 millones de euros. Según la instrucción, la Hacienda Pública dejó de ingresar 85 millones de euros. La acusación popular pedía 48 años de prisión para Emilio Botín así como otra pena de cárcel para sus colaboradores, por 36 delitos contra la Hacienda Pública.

Con ser polémica la sentencia del Tribunal presidido por Bermúdez el fundamento de la misma lo es más, dado que, como hemos dicho, puede pegarle un bocado mortal a la iniciativa popular en materia penal, un instrumento básico en la lucha por la justicia, sobre todo cuando se trata de delitos de corrupción. Como ha dicho el letrado Iván Hernández, quien ha presentado el recurso, "si lo que quieren es cargarse la acusación popular para absolver a Botín, al menos que lo haga el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el máximo órgano de la jurisdicción española. A fin de cuentas, se trata de una institución con más de 100 años de historia".