Sería la primera vez que un organismo regulador sería llevado a los tribunales por un partido político que nombra a alguno de sus miembros. Rajoy esperará hasta que se conozca el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia. Se acusa a los consejeros de modificar el informe de los técnicos hasta convertirlos en algo favorable a las tesis de Gas Natural
En España todo pasa por el Estatut y por la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Es lo que parece deducirse del proyecto del Partido Popular que parece dispuesto a llevar al ministro de Industria y Energía, José Montilla, a los tribunales por prevaricación, junto a la presidenta de Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, y al menos a otros tres miembros de la CNE -los socialistas Jaime González y Luis Albentosa, así como al representante de ERC, Sebastián Ruscalleda, por prevaricación, en que incurre un funcionario público cuando dictamina una medida injusta a sabiendas de que lo es.
El PP, que ya ha encargado un informe jurídico al respecto, se ha visto ahora favorecido por la publicación (diario El Mundo del jueves 29) de los cambios realizados por los tres consejeros citados sobre el informe previo de los técnicos de la CNE.
De hecho, el partido de Mariano Rajoy ya había encargado un informe jurídico a un bufete madrileño sobre la posibilidad de acusar de prevaricación a miembros del PSOE en la OPA de GN. El informe era favorable a la presentación de una querella y citaba siete nombres, entre ellos los del ministro de Industria y Energía, José Montilla, y el de la presidenta de la CNE, la también socialista Maite Costa.
El informe de los técnicos ponía muchas pegas a la absorción de Endesa por Gas Natural, mientras que el informe jurídico posterior, así como el informe final de la Comisión, dan un visto bueno a la operación e incluso con condiciones perfectamente salvables.
Uno de los portavoces parlamentarios del PP en materia económica, Vicente Martínez Pujalte, aseguraba a Hispanidad en la mañana del jueves que un político puede modificar un informe técnico pero debe dar razones para ello : los políticos no tienen por que ajustare a lo que digan los técnicos, pero sí están obligados a razonar por qué no se ajustan.
No obstante, Rajoy quiere tenerlo todo atado. Así, esperará al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, informe que se espera para el 2 o 3 de enero, en la mañana del jueves 29 de diciembre, el TDC tuvo una reunión deliberativa a la que no acudió su nuevo presidente, Luis Berenguer Fuster, por enfermedad. Cuando el TDC, aún controlado, al revés que la Comisión, por miembros próximos al PP no así el presidente- Rajoy dará el visto bueno para levar a Montilla al juzgado, un proyecto complejo, al tratarse de una persona aforada.
En cualquier caso, el PP estaría así judicializando la operación y, lo que es más importante, judicializando a los organismos reguladores. El presidente de la CNMV ya fue llevado a la Audiencia por Endesa, ahora podría ser llevada también la responsable de la CNE, asimismo socialista. En cualquier caso, es un paso muy importante: en todo Occidente, los organismos reguladores están politizado en su nombramiento, pero todo el mundo acata sus decisiones porque se supone que funcionan de forma independiente. Por el contrario, el PP está convencido de que Mayte Costa, Ruscalleda, Albentosa y González recibieron órdenes de Montilla para salvar el informe de la CNE, ya muy comprometido desde las pegas impuestas por los técnicos.
Otrosí, en principio la operación no tendría por qué verse afectada por el asunto, pero el basamento institucional, que en casi todo Occidente se fundamenta en las comisiones presuntamente independientes, sí que salta por los aires independientemente de la sentencia final. En cualquier caso, la actitud de Rajoy significa que toda posibilidad de pacto queda condenada al olvido.
