El Tribunal Supremo termina con el periplo judicial del Escándalo financiero Gescartera.

En la sentencia confirma la pena de 11 años de cárcel para Antonio Camacho pero exime de responsabilidad a La Caixa y a sus empleados al tiempo que reduce la responsabilidad de Caja Madrid.

Peligroso precedente judicial. Las dos entidades, por dos vías distintas, incurrieron en el mismo fallo: mover fondos sin autorización de sus propietarios o de quien tiene autoridad para hacerlo. De esta forma, la custodia de dinero, médula de la actividad bancaria, queda en entredicho.

Por otra parte, el caso Gescartera se ha convertido en una verdadera paradoja. Es la primera vez que la iniciativa de perseguir a un defraudador parte del regulador y es el regulador quien consigue castigar al verdugo y que las víctimas, los defraudados, recobren al menos su dinero demostrable. Sin embargo, la presidenta de la CNMV que llevó a cabo la hazaña, Pilar Valiente, dimitió de su cargo, el PSOE se ensañó con ella y el PP la dejó caer. Ahora se ha demostrado, no sólo su inocencia, sino su eficiencia. Sólo que un lustro después.

La teoría progresista asegura que por higiene democrática un cargo público debe dimitir en cuanto es imputado o se ve envuelto en un escándalo. Ahora bien, ¿Y si es inocente? ¿Y si, además de inocente, resulta que está resolviendo el entuerto? El argumento de la higiene democrática siempre me ha parecido poco higiénico y desesperadamente ineficaz.

Porque claro, si el acusado es inocente, no sólo se estará cometiendo una injusticia sino que se estaremos premiando al calumniador y, encima, evitando que el dimitido pueda resolver el entuerto. Afortunadamente, Valiente tuvo tiempo para dejar enfilado el caso Gescartera y los timados podrán recuperar su dinero... pero ella nunca recuperará la presidencia de la CNMV.

Eulogio López

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