La política se ha convertido en el arte del fraude estadístico. El vicepresidente de Economía del Gobierno español, Pedro Solbes, no sabe cómo financiar a unos ayuntamientos que se han quedado como el pariente pobre de todo el entramado territorial, dado que los nacionalistas exigen cada vez más dinero para las comunidades autónomas, así como mayor independencia tributaria. Así que, como no puede darles dinero, ha decidido permitirles una subida del IBI (la antigua contribución urbana), bajo la excusa de que el valor catastral de las viviendas debe aproximarse al valor real (y de una vivienda cuyo precio crece anualmente por encima del 15% desde hace más de un lustro). En conclusión: si los ayuntamientos quieren más dinero que se lo exijan a los ciudadanos. Y la culpa no será de los alcaldes ni del Gobierno : sino del catastro. Es lo que se llama fraude estadístico.
Ocurre algo similar a otro fraude perfectamente legal: el de las pensiones. Se pide, en todo Occidente, alargar el periodo de cómputo para pagar a una sociedad temerariamente envejecida: es decir, cada día el Estado pagará menos pensión de jubilación. Eso sí, se hará por consenso.
Es que las matemáticas dan para mucho.
Eulogio Lopez
