- Iberia ultima un acuerdo con los pilotos que le permitirá crecer
- Abu Dabi demanda a España por los recortes a las renovables
- Linde fichará a 25 inspectores más para reforzar su plan de supervisión
- El BCE se está planteando "seriamente" un tipo de depósito negativo para la banca
- Sacyr se endeuda para salvar el contrato del Canal
- Sacyr y Panamá pactan reanudar la obra pero la decisión final dependerá de la aseguradora
- Marcos de Quinto: "Coca-Cola saldrá a bolsa en España tras el ERE"
- Ono recurre en la OPV al interés inversor por el cable para presionar a Vodafone
- El dueño de Codere suma 86 millones en pérdidas en su firma patrimonial
- El líder de los viajes online, Edreams, sale a la Bolsa española
- Industria forzará a las eléctricas a bajar el precio del contador
- La juez Alaya salpica al número dos de Susana Díaz y cerca a Griñán
- Cándido Méndez «huye» de España
- Rubalcaba espera no tener que frenar el pacto de los socialistas navarros con EH Bildu
- Los empresarios extranjeros que critican la independencia invierten 3.077 millones
- Gallardón se siente más fuerte para impulsar su ley del aborto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró ayer en Ankara una línea de metro construida por la empresa española Comsa Emte. Lo que en principio iba a ser una inauguración para expresar con su presencia el apoyo del Gobierno a la Marca España, acabó con un mitin del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo, formación política del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ante más de 5.000 personas. Desde la Embajada de España se admitió que no eran conscientes del acto electoral que había diseñado el partido de Erdogan. En su intervención, Rajoy se mostró "orgulloso" de que una empresa española hubiera colaborado en la construcción de la línea de metro.

También es noticia hoy que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, presentó ayer en rueda de prensa las propuestas de la patronal para la reforma fiscal, que fueron aprobadas por su Junta Directiva, que giran en torno al diseño de un sistema más simple que contribuya a generar más ingresos y a reducir la "alta tasa" de economía sumergida. La CEOE apuesta por rebajar el IRPF y el impuesto de Sociedades, eliminar el gravamen sobre el patrimonio y "no tocar" el IVA. Además, considera urgente reducir las cotizaciones de la Seguridad Social en dos puntos.

Toda la prensa recoge también que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado cuatro años de prisión para el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y dos años y seis meses para el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos por valor de 17 millones a este último. El fiscal acusa a López Abad de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que a Avilés le achaca un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros.

Así las cosas, el Ministerio de Fomento, que dirige Ana Pastor, rechaza conectar la estación del AVE con el aeropuerto de Barajas tal como reclama Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que presiona en todos los frentes para que esta infraestructura se materialice con la máxima rapidez posible. "No se va a hacer, entre otras razones porque no hay presupuesto para ello", ha revelado a La Vanguardia una alta fuente del ministerio de Ana Pastor. La Comunidad de Madrid se niega a aportar financiación porque lo considera competencia estatal. El coste del túnel entre las estaciones de Atocha y Chamartín asciende a 376 millones de euros.

Iberia y los pilotos de Sepla celebran hoy por la mañana una reunión en la que se podría ponerfin a más de año y medio de conflicto con este colectivo. Según indican a ABC fuentes próximas a las negociaciones, ambas organizaciones podrían confirmar hoy -o a más tardar mañana, si se prorrogan un día más las conversaciones - la firma del acuerdo de productividad, que sustituiría a las condiciones fijadas en la mediación de Gregorio Tudela, impuesta durante la oleada de huelgas que siguió al plan de reestructuración presentado por la matriz de la aerolínea, IAG, que se saldó con un ERE para más de 3.100 trabajadores. 

Los recortes en la retribución de las instalaciones de energía termosolar han provocado que el emirato de Abu Dabi lleve al Reino de España a los tribunales. Las demandas contra España por los recortes a las renovables se van extendiendo así por toda la geografía de la inversión mundial. La última firma en dar el paso ha sido la firma Masdar, filial de Mubadala Development Company, el fondo soberano o compañía de inversiones del emirato de Abu Dabi. Masdar Solar & Wind Coöperatief U. A., sociedad del grupo domiciliada en Holanda, ha presentado este martes una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington. La firma de abogados Allen & Overy representa al demandante, según El País. 

Linde fichará a 25 inspectores más para reforzar su plan de supervisión, informa Cinco Días.

El BCE se está planteando "seriamente" un tipo de depósito negativo para la banca, según El Economista. 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció ayer un principio de acuerdo con el consorcio que ejecuta la ampliación de la infraestructura, liderado por Sacyr, para reanudar las obras. El administrador de la ACP, Jorge Quijano, señaló que "aún quedan temas por resolver" y que las partes están "trabajando en esa dirección". Quijano no reveló los puntos del acuerdo e indicó que el principal asunto por resolver es la participación de la aseguradora Zurich American, garante del proyecto de construcción del tercer juego de esclusas. En ese contexto, Sacyr se endeuda para salvar el contrato del Canal, dice Expansión.

Sacyr y Panamá pactan reanudar la obra pero la decisión final dependerá de la aseguradora, según El Mundo.  

Marcos de Quinto: "Coca-Cola saldrá a bolsa en España tras el ERE", recoge El Economista.

Ono recurre en la OPV al interés inversor por el cable para presionar a Vodafone, informa Cinco Días. 

El dueño de Codere suma 86 millones en pérdidas en su firma patrimonial, publica El Economista.  

El líder de los viajes online, Edreams, sale a la Bolsa española, según Expansión.  

Industria forzará a las eléctricas a bajar el precio del contador, asegura El Economista.

La juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, continúa su ascenso imparable hacia la cima de la «pirámide», el último tramo de la investigación de la trama de los ERE fraudulentos. Con un nuevo auto firmado el 7 de febrero pasado y notificado ayer a las partes personadas en el caso, la magistrada ha subido de golpe dos peldaños en la búsqueda de posibles responsabilidades penales de la cúpula del Gobierno andaluz. Por un lado, abre una investigación que salpica de lleno al aliado político de la presidenta andaluza, Susana Díaz, en el Ejecutivo regional, el vicepresidente Diego Valderas (IU), y por otro, estrecha más el cerco en torno a José Antonio Griñán, que dimitió como mandatario andaluz en agosto abrasado por el caso, señala ABC. 

Cándido Méndez «huye» de España. El secretario general de UGT evita los actos públicos en nuestro país en los últimos meses y solo ha acudido a sendos encuentros en Bruselas y, hoy, en Atenas, cuenta ABC. 

El portavoz del Partido Socialista de Navarra (PSN), Roberto Jiménez, exigió ayer una comisión de investigación tras las denuncias de la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de navarra, Idoia Nieves, quien acusó de "persistentes injerencias" a la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea. Jiménez dio un plazo de 15 días para que se aclare la actuación de Goicoechea y reclamó la dimisión de la presidenta foral, Yolanda Barcina. "O dimite y convoca elecciones o la echamos a través de una moción de censura", anunció el portavoz socialista. Para que la moción de censura salga adelante es imprescindible la suma de votos de Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai. En ese contexto, Rubalcaba espera no tener que frenar el pacto de los socialistas navarros con EH Bildu. El líder del partido socialista navarro dio ayer por hecho que si Yolanda Barcina no se va, pactará con Bildu para «echarla», dice ABC.  

Sin el euro como moneda oficial, el fin de la financiación a través del Banco Central Europeo, por no hablar de que dejaría de existir la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Éstas son algunas de las «nefastas consecuencias» que conllevaría la independencia de Cataluña y la posterior salida de la UE, según los empresarios extranjeros afincados en esta comunidad. Pero a la inestabilidad política habría que sumar una cifra que podría hacer temblar los cimientos de la economía catalana: la pérdida de 3.077,28 millones de euros de inversión directa extranjera que tuvo Cataluña en 2012, según datos recogidos por la propia Generalitat. Y es que los empresarios extranjeros, que hasta ahora se habían mantenido al margen del proceso soberanista intentando no elevar el tono y no contribuir a empeorar la situación económica, el martes alzaron su voz contra el proceso independentista de Mas, explica La Razón. 

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón asume la votación sobre la ley del aborto celebrada el martes en el Congreso como un "mandato" para seguir adelante. Pese a las divisiones internas en el PP, el cierre de filas contra la moción del PSOE le ha reforzado, según indican a El País fuentes de su entorno. "Estamos por encima de todo en el compromiso con los ciudadanos", afirma. 

El controvertido doctor Carlos Morín no podrá volver a sentarse en el banquillo de los acusados para responder de la comisión de no pocas decenas de abortos presuntamente ilegales cometidos en sus clínicas de Barcelona. El Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que planteó su defensa contra la resolución de la Sala Penal que ordenaba repetir el juicio contra Morín y otros diez acusados por haber practicado supuestamente 89 abortos ilegales durante 2007 en dos clínicas de Barcelona. Morín presentó el incidente de nulidad al entender que la sentencia del Supremo se dictó con una motivación «arbitraria o no haberse dado respuesta a las alegaciones contenidas» en el escrito de impugnación de los recursos presentados por la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por E-Cristians y el Centro Jurídico Tomás Moro, afirma La Razón. 

José Ángel Gutiérrez
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