El diario La Razón explica muy bien, en su edición de hoy, a qué me refiero. Bueno, explica los datos: fue el director de comunicación de BBVA, el periodista Javier Ayuso, quien, motu proprio, decidió financiar los cursos del juez Baltasar Garzón, como quien dice, sin encomendarse a nadie más. Decíamos ayer que a Garzón parecen haberle financiado todos.
En otras palabras, lo que no cuenta La Razón es que FG ha obligado a Ayuso a cargar con las responsabilidad de lo que se ha convertido, probablemente, en el caso más difícil del juez más polémico: los presuntos sobornos de las grandes empresas (Ojo al dato: Santander, Telefónica, BBVA, Endesa...). ¿Que Ayuso no consultó un patrocinio al juez estrella? ¡Venga ya, FG, eso no te lo crees ni tú!
No me gusta el esquema FG, que no es otra cosa que comprar el silencio de los despedidos con una indemnización en el tiempo. Recuerden, por ejemplo, la compra del silencio de su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. En primer lugar, porque rechazó tan abultadas indemnizaciones y, en segundo lugar, porque utilizar el dinero de los accionistas para esclavizar a los despedidos y anular su libertad de expresión, no me parece serio: me parece inmoral.
En este punto, aplaudo o a don Emilio (no sus altas remuneraciones por despido, que conste) y le pido a FG que cambie de política. Estoy seguro que lo hará de inmediato. Y en cualquier caso, los banqueros deben caer en la cuenta de que un jefe de prensa no es un esclavo.
Eulogio López
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