Máxima tensión en las eléctricas por el recorte de 1.200 millones de euros y por la actitud del Gobierno en la tarifa eléctrica. A pesar del pleno extraordinario que el Congreso celebrará después de Reyes, y en el que previsiblemente se ilegalizará a ANV y al PCTV, no parece que el decreto de los derechos de emisión pueda modificarse hasta pasadas las elecciones. Considerando la política Clos, el sector eléctrico se vuelve cada vez más pro-nuclear
Estás palabras, sacadas de la web del Congreso, traen de cabeza a todo el sector eléctrico -el presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, ya ha levantado la voz-. A saber: "Proyecto de Ley por la que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (procedente del Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de diciembre)".
La historia es muy simple: el déficit de tarifa, o flujo de dinero que el Estado lleva desde el bolsillo del contribuyente a las cuentas de resultados de las compañías, para compensarlas por su ejercicio regulatorio y de fijación de tarifa. Para 2006 estaba fijado en 3.400 millones de euros, pero a última hora llegó Paco con la rebaja, rebaja que el Gobierno coló en la recta final del legislatura: 1.200 millones de menos, detraídos a cargo de la asignación gratuita de derechos de emisión, o sea, por culpa de Kyoto.
Las eléctricas pusieron el grito en el Cielo, pero ya era demasiado tarde. Se intentó que el decreto ley se convirtiera en un proyecto de ley, donde pudieran admitirse enmiendas. Incluso se ha pensado, ya en plan leguleyo, en aprovechar el pleno extraordinario que seguramente se celebrará el martes 8 de enero, y en el que, probablemente, se decidirá la última maniobra electoral de Zapatero: ilegalizar las dos marcas políticas proetarras, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), pero también esa opción se presenta complicada. De hecho, el presidente del Congreso, Manuel Marín, dejaba claro en la mañana del jueves que habrá que esperar a la próxima legislatura para modificar a través de una ley el famoso decreto de marras. Y no sólo están en juego 1.200 millones de euros, sino establecer un criterio definitivo, no ya para el ejercicio de 2006, sino para todos los ejercicios.
En cualquier caso, el decreto no supone más que otro eslabón de una cadena que cada día se hace más insostenible. Todo el mundo sabe que el déficit de tarifa avanza en progresión geométrica y que, por razones electorales, la tarifa de la luz subirá sólo el IPC previsto el 1 de enero... para subir a lo bestia desde el 31 de marzo, o primera renovación trimestral posible de la tarifa tras las elecciones.
Pero es que, además, y más tras Kyoto y la moda verde, el déficit de tarifa en 2008 puede superar al beneficio de todo el sector. No sería la primera vez pero es el asunto de hincha. Por ejemplo, en 2005 el sector obtuvo un beneficio neto de 2.755 millones de euros, mientras el déficit de tarifa alcanzó los 3.830 millones. En 2006 el beneficio fue de 3.678 millones, frente a 3.393 (ahora discutidos) millones de déficit reconocido.
El año 2007 ha sido mucho mejor: 1.500 millones de euros, que seguramente será superado por el excedente empresarial. Ahora bien, 2008 puede ser la hecatombe, con un déficit estimado de 4.740 millones de euros.
En definitiva, ni los más entusiasta de la energía verde, como el mencionado Ignacio Galán, están dispuestos a vivir al día, de susto en susto. Quieren un marco estable y una tarifa adecuada a los costes. Y están un poco hartos de los gustos contables que da la carísima economía verde.
Tanto es así que en el sector se están imponiendo los pro-nucleares. Muy oportunos, en la tarde del miércoles el Foro Nuclear emitía un informe sobre la necesidad imperiosa de un parque nuclear al que ZP tiene mucha inquina... pero gracias al cual logra asegurar el suministro.
