Calculan en 30.000 millones la deuda de los consistorios con las empresas Este jueves se ha celebrado una manifestación de empresarios autónomos contra la morosidad de las administraciones. Reclaman una nueva ley de morosidad que tase el pago de los consistorios a sus proveedores. Los ayuntamientos quebrados no sólo no pagan las facturas pendientes sino que dejan a deber las facturas del Plan E, establecidas en el decreto de pronto pago.
Díaz Ferrán denunció este martes que los ayuntamientos están tardando dos años en pagar, lo que provoca un incremento en la siniestralidad empresarial. Por eso la reclamación es la más justa posible: primero pagar lo que se debe, luego hacer más cosas. O dicho de otra manera: que al menos parte del nuevo Plan E se dedique a pagar las facturas pendientes. En realidad sería lo más justo: se trata de productos o servicios ya efectuados. Y permitiría solventar la actual crisis de liquidez de las empresas. Una crisis que está asfixiando a muchas hasta obligarles a echar el cierre.