No sólo eso, sino que el fiscalizador de Cuentas Públicas (ver informe completo), acusa a la SEPI de permitir el incumplimiento del contrato de privatización de Aerolíneas aprobado por el Consejo de Ministros. El informe anula cualquier posibilidad de de que el Gobierno español otorgue más dinero para Marsans para reflotar Aerolíneas. Hay 55 millones de euros pendientes de liberar y otros 250 millones provisionados. La acusación ha vuelto a reclamar a la juez del caso que aplique las cautelares: prisión para Antonio Mata y prisión con fianza para Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz

El informe sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) regaló a Viajes Marsans, al tiempo que le otorgaba 758 millones de dólares para reflotar la compañía, es concluyente: Marsans desvió fondos públicos españoles destinados, precisamente, a ese reflotamiento. Por esa razón, la juez que instruye en Madrid el sumario contra el presidente de Aerolíneas, Antonio Mata y contra los propietarios de Marsans y vicepresidentes de la patronal CEOE, ha recibido un nuevo requerimiento de la acusación en la que se insta a emitir cautelares en un doble sentid por una parte, decretar auto de prisión Antonio Mata, y prisión bajo finaza contra los propietarios de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, dos de los empresarios que presumen estar más próximos a SM el Rey.

En cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas anula cualquier posibilidad de que la SEPI abone los 55 millones de euros pendientes dentro del plan total de pago de pasivos y reflotamiento del a compañía, así como otros 250 millones de euros provisionados para contingencias futuras.

El Informe del Tribunal no puede ser más duro. Acusa directamente a Marsans de desvío de fondos públicos, es decir, de que parte del dinero público español no se destinó a aquello para lo que había sido librado. Especial hincapié se hace en la manipulación del concurso de acreedores. En otras palabras, en la utilización de los 300 millones de dólares que la SEPI, en tiempos del Gobierno Aznar y bajo la presidencia de Ruiz Jarabo, otorgó a Air Comet (Marsans, instrumental propietaria de Interinvest, a su vez propietarias de la compañía de bandera argentina) para que pagara deudas a sus acreedores. El Tribunal de Cuentas afirma que De los 300 millones de dólares aportados por SEPI a INTERINVEST, que según contrato debían destinarse por AIR COMET al pago de pasivos de ARSA, AUSTRAL o INTERINVEST, 273 millones fueron utilizados por AIR COMET para la compra de esos pasivos, quedando subrogada en la posición de acreedor frente a ARSA; todo ello con el consentimiento de SEPI, que incluso vendió a AIR COMET uno de sus propios créditos frente a ARSA. Los créditos debían haber sido aportados al capital de ARSA el 26 de junio de 2003, desconociéndose en la actualidad el destino de aquellos.

Y todo ello, todo ello con el consentimiento de SEPI, que incluso vendió a AIR COMET uno de sus propios créditos frente a ARSA.

Pero no sólo eso. El tribunal de Cuentas tiene sus dudas sobe el comportamiento de dos directivos de SEPI, claves en la operción. Se trata de Juan Antonio Gurbindo y Juan Massó Garolera, de los que el Tribunal afirma lo siguiente:

Dicha duda surgía a raíz de la aportación por la SEPI el 27/06/05 - en cumplimiento del requerimiento judicial de 30/05/05 - de un documento privado denominado aportes de capital, cuya veracidad y legalidad resultaba dudosa por cuanto :

1.- es un documento privado que no consta elevado a público, y cuyo contenido es contrario al contrato de venta de Interinvest aprobado por el propio Consejo de Ministros y elevado a público en escritura de fecha 15/12/2001, constando además que la existencia del mismo ha sido ocultada al Tribunal de Cuentas como parte documental de la operación de venta de Interinvest.

2.-   es un contrato privado en el que, además de no constar elevado a público, no constan legalizadas las firmas ni aprobado por Órgano Administrativo alguno, no constando siquiera consta la firma del entonces Presidente de la SEPI, y en donde constan las firmas de Juan Antonio Gurbindo en nombre de Interinvest S.A., cuando dicho titular resulta ser :

representante legal de SEPI en su condición de director de recursos y administración

representante legal de Interinvest S.A. y en esta condición fue la persona que apoderó al imputado Mata Ramayo (doc.4 escrito ampliación de denuncia) para firmar en nombre de Interinvest en la cuenta bloqueada del BBVA de donde salían los fondos aportados por la SEPI

persona con firma autorizada por SEPI y por Interinvest S.A. para disponer de fondos de la cuenta bloqueada del BBVA titularidad de Interinvest S.A. y en donde la SEPI ingresaba los fondos en función del contrato de venta de la sociedad.

Massó Garolera también recibe su parte: firma de Don Juan Massó Garolera en nombre de SEPI cuando dicho titular es la persona con firma autorizada por SEPI para disponer de fondos de la cuenta bloqueada del BBVA titularidad de Interinvest S.A. y en donde la SEPI ingresaba los fondos en función del contrato de venta de la sociedad.

En resumen, a la espera de que Kirchner y Zapatero lleguen a un acuerdo sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, con una situación laboral insostenible, el proceso penal contra los propietarios de Marsans y Aerolíneas continúa adelante. Eso sí, ahora el Tribunal de Cuentas da pábulo a responsabilidades no del comprador o del regalado- sino también del vendedor el regalador. La SEPI de Aznar está en entredicho.