El presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Angel Calderón, considera que la garantía constitucional del recurso de amparo "deslegitima" la labor de los jueces. Los juristas consultados desconfían de que los amparos se residencien en el Supremo, "un órgano jurisdiccional sin control político". Se aprovecha para contentar a los nacionalistas convirtiendo los Superiores de Justicia en órganos supremos de cada CCAA.

El presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Angel Calderón, cuestionó en los cursos de verano de El Escorial la existencia de la figura de los recursos de amparo, recogida como garantía en la Carta Magna de 1978. En su opinión, estos recursos "deslegitiman" la labor desarrollada por los jueces, ya que las sentencias son posteriormente recurridas ante el Constitucional, que opera en la práctica como la cúspide de la jerarquía jurisdiccional.

Calderón defendió que el recurso de amparo pudiera tener sentido durante la transición, pero considera que hoy esos recursos son innecesarios. Algunos juristas consultados por este diario consideran que la avalancha de amparos haría pensar que en España hay una violación sistemática de los derechos humanos. "Da la impresión de que España vive una permanente conculcación de derechos humanos como si viviéramos en la Alemania nazi", apuntan.

Las declaraciones de Calderón se producen tras la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes 26 de agosto de aprobar el anteproyecto que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, asumió las quejas manifestadas por la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Mª Emilia Casas Bahamonde, sobre la imposibilidad de resolver los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad en tiempo adecuado debido a la avalancha de recursos de amparo. Unos retrasos que por cierto ya han provocado la censura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que en el primer ejercicio del TC se presentaron 100 recursos y esa cifra se elevó a 8.000 en 2004.

El anteproyecto presentado por el gobierno en el consejo de ministros del pasado viernes 26 de agosto prevé residenciar los amparos debidos a la ausencia de tutela judicial efectiva (la mayoría) en el Supremo, convirtiendo los superiores de justicia en Supremos en cada CCAA, la gran aspiración de los partidos nacionalistas asumida también por nacionalistas de partidos nacionales como Maragall, Piqué, Patxi López o Touriño.

Según fuentes jurídicas consultadas por Hispanidad, el amparo "no puede desaparecer" al tratarse de una garantía constitucional. Pero es que además, muchos letrados cuestionan que el amparo vaya a remitirse al Supremo, un órgano judicial independiente en el que el gobierno no tiene capacidad de intervenir. "Probablemente, la mayoría de los amparos se redireccionen al Supremo, pero estoy seguro de que el gobierno se reservará la posibilidad de que los más sustanciosos vayan al TC, donde los nombramientos políticos les permiten garantizar el contenido de la sentencia", apunta uno de los juristas consultados.

En todo caso, de momento, la reforma es tan sólo un anteproyecto de Ley Orgánica, que por tanto deberá debatirse en el Congreso con la necesidad de alcanzar la mayoría reforzada exigida. "Me extrañaría mucho que Astarloa, que es un muy buen jurista, se deje meter un gol de este calibre", apuntan a Hispanidad fuentes jurídicas.

Con todo, lo que el gobierno no ha afrontado es una verdadera reforma que ofrezca independencia al TC. Los nombramientos de los magistrados siguen siendo políticos. Y los letrados (los que de verdad redactan la sentencia) son también nombramientos políticos. Ni un sólo letrado del Constitucional ha aprobado la oposición. Su presencia en el TC es una mezcla entre clientelismo universitario (todos son profesores o catedráticos de Derecho Constitucional) o pago de favores políticos. Y esta sí que es una reforma que urge.