El Tribunal Superior de Justicia de Murcia había condenado a Ferrín Calamita por dilación indebida. Una sorna en una justicia más lenta que los caracoles. Así que el Supremo ha decidido cambiar el tipo por el que se le condena. Ya no es sancionado por dilación indebida sino por prevaricación. Cambia el tipo, pero no los hechos, una decisión perfectamente legal, aunque discutible. Porque prevaricar es dictar resoluciones injustas a sabiendas que son injustas. Y el ánimo del juez Ferrín siempre ha sido defender los intereses de la menor en la cuestión de la patria potestad de la pareja legal (lesbiana) de su madre biológica.
Por otra parte, si la prevaricación fue manifiesta como señala el Supremo, ¿por qué los mecanismos se disparan cuando el juez decide solicitar una cuestión de inconstitucionalidad? La defensa del juez Ferrín ha anunciado su intención de recurrir en nulidad ante el Supremo y eventualmente, en amparo ante el Constitucional.
Pero lo fundamental es que se ha apartado de la carrera judicial a un juez incómodo, símbolo de la independencia judicial y de la separación de poderes. La condena por 10 años fuera de la carrera es superior a la que habría merecido por retraso indebido, 3 años, 6 meses y un día en el peor de los casos. Es verdad que ha sido condenado por lo mínimo en el tipo de prevaricación y que el Supremo no ha estimado el agravante del delito de homofobia. Pero se ha cumplido el objetivo final: apartarle de la judicatura. Ferrín cumplirá 65 años dentro de 10. Porque el sistema judicial no podía permitir que un apartado juez de familia de Murcia actuara con la independencia demostrada. Y así, el sistema de izquierdas le condenó antes de escucharle y el sistema de derechas hizo cintura. Valentías, las justas, llegó a afirmar José Luis Requero. Por eso no es extraño que Adolfo Prego, miembro de la sala que condena a Ferrín, no haya movido un dedo en redactar un voto particular. Ferrín estaba condenado a la hoguera. Y es donde desgraciadamente ha ido. Desgraciadamente para él, pero también para las libertades cívicas y la independencia del poder judicial.
