El delito imputado al Fiscal General lleva aparejada una pena de inhabilitación para todo cargo público entre 7 y 10 años. Según Javier Mª Pérez Roldán, abogado director de la querella, la querella se funda en su actitud prevaricante a lo largo de estos últimos meses. Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, artículo 7, el Fiscal debe actuar con imparcialidad e independencia. Sin embargo, toda su actuación se funda en el sometimiento constante y fiel a los intereses partidistas del Gobierno.
El Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, Víctor Lozano, ha recibido con satisfacción esta noticia: El Fiscal General debe servir con objetividad a la legalidad, y no amoldarse a los intereses del Gobierno en la negociación con el entorno etarra. A raíz de las últimas actuaciones del Gobierno parece que las víctimas del terrorismo y toda la ciudadanía que hemos sufrido el terror de ETA somos ciudadanos de segunda frente a los batasunos ¿se atreverá el Gobierno a mirarnos a los ojos y decirnos que somos ciudadanos de segunda?
