Los profesores de religión no quieren que les pague su sueldo la Iglesia, sino el Estado. Es decir, quieren seguir como hasta ahora, no como amenaza la Ley Orgánica de Educación (LOE). En la tarde del pasado martes se manifestaban ante el Congreso de los Diputados.

Y todo ello tiene muchas lecturas, con la peculiaridad de que todas ellas resultan asaz ilustrativas.

Por ejemplo, lo primero que debemos decir es que, en el papel de pagano, el personal prefiere al Estado y no a la Iglesia, señal evidente de que, a pesar del poder influencia y capacidad financiera que muchos le presuponen a los curas, la Iglesia da mucho menos de sí en todos estos terrenos, y especialmente en el pecuniario, que el Estado. Si yo diera clase de religión, me sentiría como los empleados de la patronal CEOE: por costumbre inveterada en la casa, las nóminas las firma un directivo de El Corte Inglés, lo que ofrece, independientemente de lo que se piense sobre el modelo de la empresa, una reconfortante seguridad.

La segunda conclusión es que los docentes sólo están pidiendo lo mismo que ocurre con la enseñanza concertada en cualquier asignatura: Matemáticas, Lengua, Tecnología, Sociales, en los centros concertados: es el colegio quien contrata a los profesores pero es el Tesoro Público quien paga. A nadie se le ocurriría o si se le ocurre, tiene el buen gusto de callarlo- que fuera los políticos quienes eligieran a los profesores que dan clase en un centro privado. Esto es, los profesores no piden lo que los otros ya tienen: que sea el Estado quien abone sus retribuciones y quien se comprometa a pagarles su salario.

Y ojo, porque si el ideario cristiano se ha perdido en tantos centros de titularidad religiosa y si los medios progres airean con tanto entusiasmo los casos de profesores rebeldes de religión católica es por una razón que los psicólogos citan con asiduidad: el animal siempre guarda fidelidad a quien le da de comer.

Eso sí, lo que no vale es asegurar, a renglón seguido, que la Iglesia, dado que no les abona el salario, no es quien para decidir a quién contratar y a quién despedir, porque no lo considere apto para impartir religión católica. Y lo mismo ocurre con protestantes, musulmanes, etc.

Y todo ello nos retrotrae a la otra alternativa, siempre olvidada: el único modelo de enseñanza aceptable es el cheque escolar, un importe que debe abarcar la clase de religión. De esta forma, ni el Estado ni los empresarios decidirían la educación que recibe cada niño, sino los padres, que son el sujeto de ese derecho hasta la mayoría de edad de sus hijos.

Con el cheque escolar, incluso se suprimiría la función de la Iglesia a la hora de decidir quién debe impartir clase de religión. Serían los padres quienes decidirían, cheque en mano, el colegio al que acudirían sus hijos, así como si deseaban que sus retoños recibieran formación religiosa. Y, naturalmente, pongamos un 100 por 100 de los padres que optan por la religión preferirían que los profes de religión de sus niños tuvieran el certificado de normalización otorgado por la Iglesia, que seguiría cumpliendo el mismo papel, esta vez no como fuero, sino como huevo.

Así que lo que los profes de religión deben solicitar es muy sencillo : el cheque escolar. Les beneficia claramente: a ellos y a toda la sociedad. Figúrense si esta proposición es cierta que el bono escolar es la bestia negra de los políticos y de los empresarios educativos, dos pruebas definitivas sobre su bonanza.

Eulogio López