Sí, como lo oyen. La famosa polémica sobre si Zapatero, tras su reunión del pasado jueves 25 en Moncloa, se comprometió a "fijar su posición sobre el relevo de tropas españolas en Iraq" (toca en abril) tiene un trasfondo muy especial. El futuro ministro de Defensa, José Bono, envió al todavía titular, Federico Trillo, un fax en el que se decía que el PSOE era partidario de proceder al relevo de los 1.300 efectivos españoles en Bagdad. El asunto tiene su lógica: los socialistas ganaron las elecciones gracias a su oposición a la guerra de Iraq, opción que resultó decisiva tras los atentados del 11-M. Sin embargo, ahora no pueden proceder al relevo de tropas sin que parezca que han dado marcha atrás y que sí apoyan la presencia española en aquel país. Por tanto, desearían que fueran los populares salientes quienes procediesen al relevo.
De ahí que, en público, el PSOE afirme que la decisión es asunto del Gobierno, mientras que, en privado, Bono reconozca a Trillo que tiene razón: que envíe nuevos efectivos a relevar a las tropas allí destinadas.
Aznar, con la misma mala uva, les responde que de eso nada: que si el PSOE exige que se les consulte para cualquier cuestión, que si no están dispuestos a que se proceda a la renovación de miembros del Tribunal Constitucional sin antes decir ellos su última palabra... deben mojarse también en Iraq.
Lo cierto es que Zapatero busca a la desesperada una excusa que le permita cumplir su promesa electoral sin retirar las tropas. En otras palabras, busca una nueva resolución de Naciones Unidas.
