El año pasado la presión fiscal subió un punto hasta situarse en el 35,57% de un PIB creciente. El responsable máximo fue la administración central, gobernada ya por un PSOE que ahora propone reformar el IBI. Los propietarios de inmuebles se echan la mano a la cartera. El PSOE propone también extender la cesión catalana de IRPF, IVA y especiales al resto de comunidades autónomas
La Secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, lanzó un globo sonda para las próximas elecciones municipales: reformar el IBI teniendo en cuenta el nivel de renta de los propietarios y si es vivienda habitual. La propuesta descarnada resulta muy plausible: siempre es mejor que los impuestos se basen en la capacidad de pago que en estimaciones más o menos objetivas. Porque actualmente ya se dan casos de ancianas que viven en pisos históricos en el centro de las ciudades que el Ayuntamiento le fríe a un IBI que le resulta difícil de pagar con rentas de pensión de viudedad.
El problema es que la reforma del IBI propuesta por Piñeiro pudiera ser aprovechada para una subida efectiva del mismo siguiendo el modelo británico en el que los bienes raíces tienen fiscalidades municipales fuertes. Los ayuntamientos llevan años clamando por un nuevo modelo de financiación local. La pérdida del IAE les ha mermado sus fondos y la utilización del suelo público parece estar acabándose. Por otra parte, señalan desde FEMP, las exigencias de los ciudadanos son crecientes y los ayuntamientos como administración más cercana- se ven obligados a atender nuevos servicios sin la debida financiación.
¿Solución? Reformemos el IBI. Bajo la apariencia de una reforma para adaptarlo a la rentas de los propietarios podría ocultarse una verdadera voluntad de crear un impuestazo sobre bienes inmuebles. Eso se suma al crecimiento desmesurado de la plusvalía municipal en algunos ayuntamientos como Madrid. De esta manera, se da la paradoja de que mientras que las CCAA se encuentran en un proceso de recorte drástico del impuesto de sucesiones, algunos ayuntamientos mantienen crecimientos sostenidos del 30% anual en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos.
Que el PSOE proponga esta reforma hace temblar. Porque aunque Zapatero reiterara a Hispanidad su compromiso de que bajaría los impuestos, la realidad es que el proceso ha sido exactamente el inverso. La presión fiscal se situó en el 35,4% del PIB en el 2005, un 1% del PIB más que el año anterior, la mayor subida de los últimos 20 años.
Lo sentimos, José Luis, pero ser de izquierdas y bajar impuestos sigue pareciendo incompatible. Porque en el fondo, la filosofía es la siguiente: servicios crecientes a cambio de impuestos también crecientes. La administración se encarga de los dependientes, de los viajes de ocio de los ancianos, de la escuela, de la Sanidad y de la atención a los inmigrantes; incluso hay quien se plantea la posibilidad de una renta mínima asegurada. A cambio, obviamente, es necesario detraer recursos de los ciudadanos para poder financiar semejante estado social.
Si llevamos el asunto a lo municipal, ocurre lo mismo. Los Ayuntamientos mantienen escuelas de danza, organizan cines de verano, traen gratis a artistas de lujo, redecoran semanalmente las rotondas, atienden el hogar del jubilado, etc. Y todo eso cuesta. ¿Quién lo paga? Reformemos el IBI. O sea, subámoslo.
Por otra parte, Piñeiro se mostró partidaria de que la cesión del 50% del IRPF e IVA a Cataluña y del 58% de los impuestos especiales pudiera generalizarse a otras CCAA. Eso, antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera haya resuelto nada. De nuevo nos encontramos ante una avalancha de globos sonda. Porque ni la financiación autonómica ni la local van a quedar resueltas hasta que pasen las próximas elecciones de mayo de 2007. No vaya a ser que elevemos la financiación y terminen por ganar los otros. Así que toca esperar. Eso sí, con un debate ardiente, porque se trata de las cosas del comer.
