Ante las dudas sobre la posición del PP frente a la libertad lingüística, la Fundación Unidad Diversidad requirió notarialmente en la sede de Génova que garantizara la libertad de elección lingüística de los padres.
Cuatro apartados del programa electoral popular parecían dejar clara la postura del partido:
177.- Los españoles tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos
179.- La Lengua no puede convertirse en un factor de discriminación ni una barrera cultural para restringir derechos, impedir la movilidad geográfica, o romper la unidad de mercado
186.- Estableceremos las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los españoles a usar el castellano y asegurar que ningún ciudadano sea discriminado por el ejercicio de este derecho
187,.- Garantizaremos por ley el derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo.
Sin embargo, el art. 10 del Decreto 79/1984, sobre Uso y Enseñanza del Valenciano, dice:
En los Centros situados en los territorios de predominio lingüístico valenciano, a tenor del Título Quinto de la Ley 4/1983, y al objeto de favorecer una enseñanza adecuada al medio sociocultural se hará una extensión progresiva del valenciano como lengua de enseñanza a partir del Ciclo Medio con el fin de conseguir un conocimiento ponderado y compensatorio del valenciano y del castellano en el Ciclo Superior y en los niveles de enseñanza media
La contradicción motivaba un requerimiento de compromiso ante notario, pero Mariano Rajoy ha rechazado la oportunidad y simplemente ha hecho oídos sordos al requerimiento. Una vez más se confirma que las promesas electorales están para no cumplirlas.
