• Los constructores quieren lo mismo que la banca: socializar las pérdidas, que paguen los españoles.
  • Ana Pastor se mantiene firme: sólo está dispuesta a otorgarles el 20% de la nueva ENA.
  • Y si quieren cobrar ya la deuda, las constructoras deberán aceptar una quita del 50%.
  • Pero el Ejecutivo tiene miedo de que constructoras y concesionarias, que son las mismas, judicialicen la operación.
  • La clave jurídica está en la responsabilidad patrimonial del Estado.

Los constructores de las autopistas de peaje que están actualmente en quiebra quieren socializar las pérdidas, esto es, que paguen todos los españoles. En el fondo es lo mismo que ha hecho la banca con su rescate millonario.

Hablamos de las cuatro radiales de Madrid (R-2; R-3; R-4 y R-5), la AP-36 que une Ocaña y La Roda, el tramo de la AP-7 entre Vera y Alicante y la AP-41 que une Madrid y Toledo.

Pero la ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen) no está dispuesta a dar su brazo a torcer y mantiene su propuesta inicial, esto es, constituir una nueva Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en la que las constructoras tendrán un 20%. Además, si quieren cobrar la deuda ya (unos 3.600 millones de euros), tendrán que aceptar una quita del 50%.

A pesar de la firmeza de la ministra, el Ejecutivo teme que las constructoras y las concesionarias -que son las mismas- judicialicen toda la operación. La clave jurídica en la que se apoyan las compañías es la responsabilidad patrimonial del Estado. Y no se equivocan porque efectivamente la tiene.

El problema radica en considerar hasta qué punto esa responsabilidad patrimonial debe cubrir las pérdidas de un negocio como el de las autopistas. Para entendernos, si alguien monta un negocio y sale mal -por ejemplo, por la situación económica general- por qué o hasta qué punto el Estado -o sea, todos los ciudadanos- deben hacerse cargo de esas pérdidas. En este caso, el Estado tiene esa responsabilidad patrimonial, pero ¿debe hacerse cargo de todos los platos rotos

Pablo Ferrer

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