La batalla ha terminado. El portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, fracasó en su intento de proponer una ley anti-MAFO. Desde CiU se argumentó que la ley era buena porque aumentaba las garantías de independencia del gobernador del Banco de España, pero que tenía el tufillo de ser una ley contra MAFO. Y eso ya gustaba menos. Finalmente, parece que los populares han tirado la toalla en sus intenciones de frenar el nombramiento del ex secretario de Estado de Hacienda por su marcado carácter político.

Ahora la batalla consiste en conseguir nombrar al subgobernador. Porque aunque Solbes informa de que ya se ha mantenido una primera reunión con el PP para pactar los nombramientos, nada dice que no se hayan mantenido contactos con otras fuerzas políticas. Conviene recordar que el pacto Zapatero-Mas no sólo marcó el empujón definitivo del Estatut sino que se ha materializado ya en materias económicas trascendentales como la reforma del IRPF o del impuesto sobre sociedades.

Y conviene recordar que CiU se quedó fuera en la remodelación de consejeros y que probablemente quiera meter cuchara en la cúpula adelantando lo dispuesto en el recientemente aprobado Estatut: la Generalitat participará en los nombramientos de los puestos directivos de la CMV, Banco de España, CNE, CMT, etc. Voilá.

Además, los convergentes seguramente tendrán profesionales de reconocidísimo prestigio y valía personal para el puesto, por lo que resultarán difícilmente criticables. Y esto es lo que temen los populares: quedarse de nuevo fuera del pastel del reparto del poder. Al fin y al cabo, el PSOE tiene margen para el by pass. No existe ley alguna que le impida marginar al PP también en el nombramiento del Banco de España. Sí existe tradición de consenso, pero eso parece no preocuparle demasiado a Zapatero, bastante más ocupado en contentar a CiU como socio estable, creíble y vendible. Estas son las claves.

Por su parte, AVA reivindica al gobierno y a las CCAA alternativas dignas y eficaces para las mujeres embarazadas, tal y como señala el artículo 9 del RD 2409/1986 que regula el aborto. Además, estas mujeres exigen la información completa de todos los efectos secundarios de la interrupción del embarazo antes de realizarlo, siguiendo la Ley 41/2002 del consentimiento informado. No se avisa de nada de esto, estas secuelas son muy numerosas y están demostradas científicamente en publicaciones internacionales de prestigio. Incluyen suicidio, depresión, aislamiento social, alteraciones del deseo sexual, pérdida del siguiente hijo, prematuridad y bajo peso de éste, entre otras, denuncia Puente.