- Caso Bárcenas: el extesorero trata de introducir un delito electoral contra Rajoy
- Moncloa ve en los SMS la prueba de que Rajoy no cedió al chantaje
- Cristina Fernández logra vía libre al pacto de YPF y Chevron
- Los March diseñan el cambio generacional
- El Gobierno explora la fusión entre Renfe y Adif en plena liberalización
- CAF perfila una oferta para rivalizar con Talgo en Brasil
- Telefónica aumenta su inversión en Argentina pese a las amenazas de estatalización
- Industria refuerza los blindajes de Repsol e Iberdrola con nuevas multas
- Sacyr se dispone a hacer caja con sus hospitales de Madrid
- La Sareb disfrutará de más beneficios fiscales
- La banca deberá justificar ante las empresas por qué les corta el crédito
- Recta final para que la banca sume su crédito fiscal como capital
- La banca solo mantiene 1.100 millones de euros en preferentes de los 23.600 que emitió
- El ICO prefiere emitir toda su deuda en Luxemburgo
- El Estado arrebata poder a las autonomías en la reforma eléctrica
- El plan de pagos a proveedores deja fuera la mitad de las facturas
- Ajuste a mitad de camino: el control salarial ha colocado las exportaciones en máximos históricos
- Jaime Anchústegui (Generali): "Espero que mejore la fiscalidad de los planes de pensiones"
- Soraya Rodríguez no renunció a la pensión indemnizatoria hasta que la ley la obligó
- Otro juez permite a víctimas del 11-M recurrir el archivo del 'caso Manzano'
- La Generalitat adjudicó a dedo cuatro contratos al socio del «hereu»
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, declarará hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz para clarificar la veracidad del presunto original que la semana pasada entregó al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, sobre la supuesta financiación ilegal del PP. El imputado estará defendido por el abogado y magistrado en excedencia, Javier Gómez de Liaño, que visitó ayer a Bárcenas para ultimar los detalles de la comparecencia. Gómez de Liaño afirmó ayer que "a mi cliente le aconsejo que tenga confianza en el juez y en el fiscal que están instruyendo la investigación y que conteste a sus preguntas con la verdad por delante". "A un tribunal de justicia no se va a hacer política, pues para eso está el Parlamento o la redacción de un periódico", constató. El magistrado en excedencia recuerda que "Bárcenas está amparado por la presunción de inocencia y por el derecho fundamental de defensa".

En ese contexto, EL MUNDO revela nuevos datos sobre el caso Bárcenas y destaca que Javier Iglesias Redondo, abogado de Álvaro Lapuerta y persona de confianza en el entorno del PP, acudió el lunes pasado a la prisión madrileña de Soto del Real para trasladar un mensaje "en representación del PP", al extesorero del PP, Luis Bárcenas: "Si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz Gallardón será destituido en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre por nulidad". Dicha visita tuvo lugar justo el día en que Miguel Bajo y Alfonso Trallero habían renunciado a la defensa del ex tesorero del PP tras la carta del director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez. El ex tesorero del PP respondió "sí, acepto"

El extesorero del PP trata de introducir un delito electoral contra Rajoy. Conllevaría penas de inhabilitación para cargos públicos. La investigación cree que la declaración de Bárcenas no variará la línea del proceso y que la credibilidad del extesorero es "cero", señala El País.

Moncloa ve en los SMS la prueba de que Rajoy no cedió al chantaje. Con el «no le sirvió de nada» explican desde Moncloa los llamativos mensajes que el ex tesorero se cruzó con el jefe del Ejecutivo después incluso de que aireara sus supuestos cuadernos sobre las cuentas del PP. Explicaban ayer tarde desde Moncloa que los citados SMS no son sino una prueba más de las «malas artes» del ex tesorero, y que Rajoy, fiel a su naturaleza, «ha aguantado la presión y va a seguir haciéndolo hasta el final». «Si piensa que apoyándose en otros cuantos que quieren cobrarse la cabeza de Rajoy va a desviar la atención de sus problemas con la Justicia está muy equivocado. No ha conseguido nada y no lo va a conseguir», insiste otro miembro del Gabinete de Rajoy, dice La Razón.

En lo estrictamente económico, la presidenra argentina Cristina Fernández logra vía libre al pacto de YPF y Chevron. La justicia argentina elimina la advertencia que había en las cuentas y facilita la aportación de 1.150 millones para vaca Muerta, destaca El Economista.

Los March diseñan el cambio generacional. Corporación Alba suma más consejeros independientes procedentes de diferentes sectores y áreas geográficas, apunta Expansión.

El Gobierno explora la fusión entre Renfe y Adif en plena liberalización. Fomento estudia la operación después de que Francia y Alemania adoptasen la misma decisión. La propuesta se produce cuando ambas empresas abordan su división en varias sociedades. La integración podría tener ventajas contables debido a la elevada deuda de los grupos, afirma Expansión.

CAF perfila una oferta para rivalizar con Talgo en Brasil, asegura Expansión.

Telefónica aumenta su inversión en Argentina pese a las amenazas de estatalización, destaca El Economista.

Industria refuerza los blindajes de Repsol e Iberdrola con nuevas multas. Será infracción muy grave no comunicar tomas de posición, señala El Economista.

Sacyr vuelve a poner activos en venta para captar liquidez. El grupo va a aprovechar su posición del 100% en las concesionarias de dos hospitales de la Comunidad de Madrid, el del Henares (Coslada) y el Infanta Cristina (Parla), para obtener fondos sin perder el control. El grupo que preside Manuel Manrique negocia con inversores de perfil financiero la venta del 49% de cada una de las sociedades concesionarias. A través de ellas, Sacyr tiene la propiedad de los edificios y lleva a cabo el mantenimiento hasta 2041. A cambio, cobra un canon fijo, en concepto de alquiler, y otro variable por los trabajos de seguridad, jardinería, restauración, gestión de residuos, etcétera, explica Cinco Días.  

El Gobierno quiere aplicar una fiscalidad beneficiosa a la gestión de los cerca de 50.000 millones de euros en activos que figuran en el balance de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb, más conocida como «banco malo»). Para ello, y en primer lugar, propone que la sociedad sea considerada una «entidad de crédito» a efectos de la Ley de Impuesto de Sociedades, lo que permitirá que el «banco malo» pueda deducirse todos los gastos financieros derivados de su actividad, sin «los límites a los que, desde el año pasado y como norma general, están sometidas todas las entidades que no sean entidades de crédito o aseguradoras», explica Javier Hernández Galante, socio de Ashurst, y recoge La Razón.

Los avisos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el propio Banco de España sobre el drama que supone que las empresas solventes españolas se queden sin crédito ha hecho mella en el Gobierno. El Ejecutivo, consciente de que esta situación es una fuente de desempleo, tratará de paliarlo con una norma, que se incluirá en la Ley Financiera, que debería aprobarse a finales de año. Este texto legal establecerá que cuando a una pyme —que esté al corriente de sus pagos—, se le vaya a retirar el crédito disponible o el circulante, el banco deberá enviarle obligatoriamente un preaviso, según afirmaron a El País fuentes del Gobierno.

Hacienda, Banco de España, Economía y el sector financiero intentan concluir antes de que finalice el verano una norma para que sus créditos fiscales sigan computando como capital. Las fuentes consultadas por Cinco Días aseguran que "todo el Gobierno está de acuerdo en alcanzar un pacto para suavizar el efecto de Basilea III que impide computar como recursos propios los activos fiscales". La banca negocia que las aportaciones a los planes de pensiones que tiene la banca con sus empleados se computen como créditos fiscales, lo mismo que las de las provisiones genéricas y de las destinadas a sanear los activos inmobiliarios ( Guindos I y II). Cristóbal Montoro pone una condición: que las modificaciones no deriven en un aumento del déficit o de la deuda pública. Los bancos aseguran que la norma tiene una repercusión directa en la concesión de créditos.

La banca solo mantiene 1.100 millones de euros en preferentes de los 23.600 que emitió, apunta ABC.  

El ICO prefiere emitir toda su deuda en Luxemburgo, asegura Expansión.  

El Estado arrebata poder a las autonomías en la reforma eléctrica, según Expansión.  

El plan de pagos a proveedores deja fuera la mitad de las facturas. El fondo está dotado con 8.200 millones y los impagados superan los 19.000 millones, afirma El Economista.

España está a medio camino del ajuste que debe realizar para sanear su economía y recuperar el crecimiento. Ha realizado un avance más que notable en control de gastos laborales, ha recompuesto de forma importante sus niveles de competitividad y ha impulsado una corrección nada despreciable de los precios de la vivienda, aunque arrastre todavía una sobrevaloración de la construcción. Sin embargo, soporta todavía un importante endeudamiento, cuya corrección es uno de los retos más difíciles que el país debe afrontar, puesto que es el principal escollo para garantizar la refinanciación bancaria y la recuperación del crédito. Estas son algunas de las conclusiones de un informe realizado desde el thinktank EuropeG, debatido esta semana por un grupo de expertos de la Universidad, la banca y las instituciones monetarias y supervisoras. El veredicto: se ha hecho un valioso esfuerzo, pero queda camino por recorrer, publica Cinco Días.

Jaime Anchústegui (Generali): "Espero que mejore la fiscalidad de los planes de pensiones". El consejero delegado del grupo asegurador Generali en España, Jaime Anchústegui (San Sebastián, 1961), se muestra sorprendido de la "paz social" que sigue habiendo en el país a pesar de la altísima tasa de paro y la merma de ingresos de buena parte de la población. Anchústegui, un ingeniero agrónomo que comenzó a trabajar en Generali hace 19 años, reconoce que la economía española sigue teniendo importantes desafíos por delante, pero se muestra "optimista" respecto al ejercicio 2014, en Cinco Días.

La actual portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ex secretaria de Estado de Cooperación, siguió cobrando los más de 6.000 euros de la pensión indemnizatoria hasta que la ley la obligó a renunciar a ellos. Otros altos cargos socialistas renunciaron por decisión propia antes de que se impusiese la obligación legal. Ella, sin embargo, sólo lo hizo cuando la ley no le dejó otra opción, según La Razón.

Otro juez permite a víctimas del 11-M recurrir el archivo del 'caso Manzano'. Notifica el auto que provocó la declaración de cosa juzgada para que intenten reabrirlo, destaca El Mundo.

«Tras el análisis de los contratos se observa cómo Tous utilizaría las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en organismos públicos de tal forma que, como se ha constatado, consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones». Ésta es una de las conclusiones a las que llega la Agencia Tributaria en el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN sobre la relación contractual entre la Generalitat y Josep Tous, ex director sectorial de energía de CiU e imputado junto a su socio Oriol Pujol por el «caso de las ITV». En este sentido, Hacienda sostiene que la fórmula de contratación presuntamente elegida por Tous, «con el supuesto beneplácito de Isidre Masalles Román, sería la de fraccionar la operación en contratos menores de 18.000 euros para no hacer algo muy complicado».

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, anunció ayer que los socialistas catalanes no renuncian a romper la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista, como ya ocurrió el pasado 26 de febrero en el Congreso de los Diputados. "Ya lo hicimos una vez y seremos coherentes. Con papel o sin papel, con protocolo o sin protocolo, el PSC continuará votando lo mismo en Cataluña que en España", constató. En ese contexto, crecen las amenazas y agresiones contra los «españolistas» en Cataluña, destaca ABC. Se agrava la presión de sectores radicales sobre los detractores del soberanismo "oficial".

José Ángel Gutiérrez
[email protected]