Presenta un informe en la mañana de este miércoles en Bruselas El Instituto de Política Familiar ha presentado en la mañana de este miércoles en Bruselas un completo estudio sobre la evolución de la familia en España. En la presentación del informe han estado presentes el eurodiputado Jaime Mayor Oreja y la eurodiputada italiana Cristina Muscardini. La conclusión del informe es que Europa es una sociedad envejecida, con una tasa de natalidad que no garantiza el reemplazo y con serios problemas de rupturas familiares y de aborto provocado. Todo un invierno demográfico.
Para afrontar esta realidad, el IPF reclama una política europea con perspectiva de familia. Es decir, una política familiar con carácter universal, no asistencial, no meramente social. Para ello reclaman la necesidad de convertir a la familia en una prioridad política y considerar la familia y la maternidad como pilares indispensables en las políticas de igualdad". Además apelan al derecho de los padres en la conciliación entre la vida familiar y laboral, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos" y el derecho de los niños a vivir en un hogar estable. Es decir, recuperar las recomendaciones del Consejo de Europa para que se instalen los centros de mediación familiar en caso de crisis familiar.
Eso se debería traducir -añade el IPF- en un reconocimiento explícito del derecho de los padres en la educación de sus hijos y en la participación de las asociaciones familiares en el diseño y ejecución de las políticas de familia. Para institucionalizar estas políticas, reclaman la creación de un Instituto de Políticas con Perspectiva de Familia, instar a los Estados miembros a crear ministerios de Familia, elaborar un Pacto Europeo por la Familia y realizar al menos una vez al año un Consejo de ministros monográfico sobre la familia.
En concreto, el IPF reclama que las ayudas a la familia supongan al menos un 2,5% del PIB de cada estado miembro, que se universalicen las ayudas y que sean de al menos 125 euros al mes. Lo más parecido al salario maternal. Y por supuesto que estas sean actualizadas anualmente conforme el IPC. Además, proponen una ayuda a la mujer embaraza de 1.125 euros equivalente a 125 euros durante los nueve meses del embarazo, es decir, la consideración del niño desde el momento en que ha sido procreado. También demandan la reducción del 50% del IVA en los productos básicos infantiles (pañales, toallitas higiénicas, etc). Y para las mujeres que se encuentren ante un embarazo inesperado, Centros de Atención a la Mujer Embarazada, prestando especial atención a las madres adolescentes y a las inmigrantes en grave riesgo de exclusión social.
Para afrontar esta realidad, el IPF reclama una política europea con perspectiva de familia. Es decir, una política familiar con carácter universal, no asistencial, no meramente social. Para ello reclaman la necesidad de convertir a la familia en una prioridad política y considerar la familia y la maternidad como pilares indispensables en las políticas de igualdad". Además apelan al derecho de los padres en la conciliación entre la vida familiar y laboral, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos" y el derecho de los niños a vivir en un hogar estable. Es decir, recuperar las recomendaciones del Consejo de Europa para que se instalen los centros de mediación familiar en caso de crisis familiar.
Eso se debería traducir -añade el IPF- en un reconocimiento explícito del derecho de los padres en la educación de sus hijos y en la participación de las asociaciones familiares en el diseño y ejecución de las políticas de familia. Para institucionalizar estas políticas, reclaman la creación de un Instituto de Políticas con Perspectiva de Familia, instar a los Estados miembros a crear ministerios de Familia, elaborar un Pacto Europeo por la Familia y realizar al menos una vez al año un Consejo de ministros monográfico sobre la familia.
En concreto, el IPF reclama que las ayudas a la familia supongan al menos un 2,5% del PIB de cada estado miembro, que se universalicen las ayudas y que sean de al menos 125 euros al mes. Lo más parecido al salario maternal. Y por supuesto que estas sean actualizadas anualmente conforme el IPC. Además, proponen una ayuda a la mujer embaraza de 1.125 euros equivalente a 125 euros durante los nueve meses del embarazo, es decir, la consideración del niño desde el momento en que ha sido procreado. También demandan la reducción del 50% del IVA en los productos básicos infantiles (pañales, toallitas higiénicas, etc). Y para las mujeres que se encuentren ante un embarazo inesperado, Centros de Atención a la Mujer Embarazada, prestando especial atención a las madres adolescentes y a las inmigrantes en grave riesgo de exclusión social.
