El pasado martes, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, presentaba con orgullo el déficit del 1,1% en el conjunto de las administraciones públicas del año 2005. Se trata de la primera vez que las administraciones públicas cierran el ejercicio con superávit, señaló. Obviamente, la cifra de superávit es una tentación para lo que Solbes señala como ministerios de gasto con los que dice estar coaligado.
Pero la tentación no viene sólo de los ministerios de gasto, sino de la sociedad civil. El Instituto de Política Familiar (IPF) reclama al Gobierno que dedique al menos el 50% del superávit a políticas familiares. El Gobierno no puede alardear de superávit cuando ha incumplido casi todas las promesas para la familia, critica el presidente de IPF, Eduardo Hertfelder.
Y es que el presupuesto destinado a políticas familiares de España presenta un diferencial del 1,7% del PIB respecto a nuestros socios comunitarios. Mientras que la UE15 dedica el 2,2% del PIB a la familia, nuestro país apenas dedica el 0,5%. Además, mientras que Alemania, Francia, Noruega, Luxemburgo o Bélgica cuentan con ministerios de Familia, en España, el organismo de mayor rango dedicado a temas familiares resulta de escasa relevancia política. Este superávit se ha conseguido a costa de las familias españolas, concluye Hertfelder.
