Descarta la creación de un Fondo de Garantía para los 350.000 afectados. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, así se lo ha hecho saber a Hispanidad. Por otra parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, asegura que ese colchón podría crearse para el futuro, pero no para los damnificados en el presente caso. El Gobierno no valora la situación patrimonial de las firmas intervenidas y recuerda que la intervención ha sido una actuación judicial
El Gobierno Zapatero va a estudiar la posibilidad de adelantar el dinero de aquellas familias con mayores dificultades, pero en todo caso, descarta la universalización del fondo de garantía de depósitos. Eso es imposible, lo ha dicho la CNMV, señala De la Vega a Hispanidad. De esta manera se impone el criterio de Solbes de no colocar un colchón donde los particulares han tomado decisiones asumiendo riesgos.
No obstante, la vicepresidenta De la Vega ha anunciado medidas de apoyo para los ciudadanos afectados. En primer lugar, se dotará de recursos suficientes a las organizaciones de consumidores para que puedan gestionar la defensa de manera holgada. Por otra parte, se va a crear una ventanilla única en la Audiencia Nacional para facilitar la información a los afectados. Y además, se estudiará la posibilidad del adelanto financiero para las familias con economías más deprimidas, nunca de manera generalizado. Los problemas de los ciudadanos ocupan y preocupan al Gobierno, señala retóricamente la vicepresidenta.
Ahora, según De la Vega, estamos en un momento de determinar con qué activos cuentas las sociedades. Están los activos líquidos, los mobiliarios, los inmobiliarios y las pólizas de seguros y esperamos que haya medios suficientes para responder, haya patrimonio suficiente y nuestra ayuda puntual sea sólo financiera, apunta De la Vega. Si existía previsiblemente patrimonio suficiente, ¿por qué entrar como elefante en cacharrería?, pregunta Hispanidad a la vicepresidenta. Se trata de una decisión judicial en la que el Gobierno no tiene nada que decir, responde la aludida. Por lo demás, De la Vega no se notaba especialmente cómoda con el asunto. Cuando un periodista ha vuelto a insistir en el tema le ha cortado con lo siguiente: Me encanta la rapidez que tenéis los periodistas, pero nosotros necesitamos conocer y valorar lo que ha pasado antes de tomar una decisión.
Por último, ha anunciado la intención del gobierno de estudiar la reforma regulatoria debido a la existencia de una legítima reclamación de mayores garantías y controles de este tipo de sociedades. Vamos a estudiarlo en colaboración con las CCAA para que haya más transparencia y control más allá de las auditorías que ya se vienen realizando.
La decisión de no proteger ala víctimas rompe con la estrategia seguidpor UCD y el felipismo durante la crisis bancaria española, que comenzó en 1979 y se alargó hasta los años 90. Como por aquel entonces el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios (se creó un segundo para cajas y un tercero para cooperativas de crédito, a los que se añadió recientemente el fondo de garantía de inversiones) no estaba dotado por las aportaciones de los bancos, tuvo que ser el Gobierno quien adelantara, con dinero público, lo necesario para asegurar el futuro de los bancos y los ahorros de los depositantes. Las cifras varían, pero los estudiosos coinciden en que el Estado aportó 1,2 billones de las antiguas pesetas para solventar la crisis de 30 bancos (no contamos los de Rumasa). Sin embargo, ahora el Gobierno se niega, lo que fuerza la sospecha de que la situación patrimonial de las dos entidades no era tan drástica y que se podrá hacer frente a los ahorradores (aunque ambas instituciones no se volverán a recuperar nunca). Por si acaso, el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido ya ha prometido que es previsible ala creación de dicho fondo para el futuro, pero no para el caso Afinsa-Fórum.
En cualquier caso, y como ha recordado Hispanidad, la Ley de Sociedades Anónimas posibilita al Estado para acudir en apoyo de una entidad de ahorro aunque no tenga forma jurídica de entidad financiera, y en nombre del interés público.
