El Gobierno anunció la privatización de parte de Loterías y Apuestas del Estado para reducir la deuda del Estado. Sin embargo, hay una asignatura pendiente que no ha sido abordada: en los últimos años han proliferado en Internet las apuestas virtuales, cuya regulación fiscal no ha sido tratada. Así, mientras casinos, bingos y tragaperras pagan un 15% sobre su facturación y requieren autorización administrativa, existe un vacío legal para las apuestas virtuales que el Gobierno no quiere o no se atreve a regular a pesar de la necesidad de ingresos.
De este modo, las apuestas por Internet suponen una competencia para el resto de juegos, pero no están en las mismas condiciones a la hora de pagar impuestos. Por ahora, sólo una comunidad autónoma se ha atrevido a gravar el juego remoto: Castilla y León, que pondrá en marcha el próximo año la nueva norma, espera incrementar la recaudación por juegos de azar hasta 117 millones de euros en 2011 frente a los 100 millones de 2010.
Por otra parte, los juegos virtuales son también una competencia para las propias loterías estatales. Según el informe del Ministerio del Interior, en 2009 en España se dedicaron más de 30.110 millones de euros al juego.
Mariano Tomás
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