La firma el pasado viernes  26 de agosto del protocolo número 12 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, deja al PP bajo las patas de los caballos.  La diputada popular, Carmen Matador, señaló en 2001 que la ratificación "no era urgente" y que no había que "precipitarse" en la ratificación.

Según el diputado socialista, Diego López Garrido, la "prudencia" popular obedece a que los protocolos a los que el PP negó la firma hacían referencia a los derechos de los inmigrantes. Según algunos expertos, tras la firma no será posible la extradición masiva. Se trataría de un guiño a la población inmigrante a la que el PSOE pretende ganarse para cuando -eventualmente- tuvieran derecho de voto, tal y como ya ha propuesto el diario El País.

Pero puede que haya más: el protocolo número 12 en concreto hace referencia a la no discriminación "por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación". De este modo, señala el gobierno, se amplía el ámbito de aplicación del artículo 14 del Convenio de Derechos Humanos, que sólo prohíbe la discriminación en relación con los derechos establecidos y libertades garantizadas por dicho convenio. "El nuevo protocolo elimina esta limitación y garantiza que nadie sea discriminado de cualquier forma".

Bajo esta amplia redacción, algunos consideran que el Consejo de Europa estaría dando cobertura a los derechos del colectivo homosexual, matrimonio y adopción incluida. De ser así, España tendría cobertura internacional de cara a un eventual proceso de inconstitucionalidad de la Ley de "Matrimonio" Homosexual. Conviene recordar que ya se han presentado dos cuestiones de inconstitucionalidad y que el PP medita la presentación de su correspondiente recurso.

Algunos juristas señalan a Hispanidad que el Tribunal de Estrasburgo -el responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en los estados miembro- ha emprendido una batalla homosexual sin precedentes, comenzando a dictar sentencias en este sentido. De hecho, esta redacción amplia data de noviembre de 2000 -en la celebración del 50 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos- y permitiría una interpretación en este sentido.

Sin embargo, otros expertos juristas señalan también que Estrasburgo no se meterá en un asunto tan espinoso y preferirá referirse a la "discrecionalidad de los Estados" como ya ha hecho en el caso del aborto. "Mi opinión es que utilizará redacciones ambiguas para que cada estado pueda interpretar lo que mejor se acomode", señalan a Hispanidad.

En todo caso, todo parece apuntar a que la voluntad del gobierno es buscar un blindaje internacional de cara al debate en el Tribunal Constitucional de la Ley del "matrimonio" homosexual. Muy inteligente, pero también muy macabro, porque serán los niños adoptados por estas parejas "rosas" los que sufran las consecuencias de los apriorismos gubernamentales.

 

Luis Losada Pescador