Los Consejos de Justicia en los que está pensando el Gobierno son los mismos que los contemplados en la ley que decayó en la pasada legislatura. Ese el punto de partida. Serían nombrados por el Parlamento entre jueces y letrados de la comunidad y tendrían competencias sobre horarios, infraestructuras, etc. Es decir, sería una especie de consejo asesor del consejero de Justicia. La pregunta es para qué tener un órgano político con funciones administrativas. La respuesta es que los nacionalistas, inasequibles al desaliento, una vez que se cuelga esa percha pueden ir colgando verdaderos contenidos de poder. Desde el Ministerio se afirma que este el proyecto del Gobierno, que se está planteando a las CCAA y que la respuesta está siendo positiva.
¿Y qué pasa si existe conflicto entre los consejos de Justicia y el CGPJ? Caamaño lo tiene claro: se aplicará el principio de jerarquía igual que se aplica entre el Superior de Justicia y el Supremo.
Por lo demás, el ministro ha insistido hasta la saciedad en que el PP debe de sumarse al consenso y entrar al debate sobre los contenidos, no sobre la existencia porque el PP avaló su existencia en Aragón, Castilla y León, Valencia e Islas Baleares. No se podría aceptar una incoherencia de impulsar y aprobar unos consejos en un sitio y ahora discutir su existencia.
Andrés Velázquez
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