Por si no había quedado suficientemente claras la voluntad del gobierno en la negociación con ETA, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha sugerido abiertamente que no impedirá el acto convocado por la ilegalizada Batasuna para este fin de semana. Todo menos incomodar. El Gobierno defiende la vigencia de la Constitución y del Estado de Derecho, también en cuanto a las competencias que tiene cada cual. Se lo traducimos: el Gobierno recuerda que las competencias de seguridad han sido transferidas a la comunidad autónoma vasca y por tanto, se lava las manos.
Se le olvida a Alonso, que la Constitución también prevé mecanismos para que en caso de que una comunidad autónoma hiciera mal uso de sus competencias, le sean retiradas, siquiera temporalmente. Y sobre todo, la Constitución ni el orden legal vigente, le impiden al ministro del Interior a hacer un llamamiento a la racionalidad. O siquiera a lamentar que esa manifestación se pudiera producir. Nada, ni rastro del lamento, no vaya a ser que los violentos se molesten y torpedeen todavía más el proceso de paz. Alucinante.
